La información la reveló la vicefiscal General, María Paulina Riveros, durante la visita que hizo este jueves junto con autoridades en Apartadó (Antioquia) en medio de la instalación de la segunda Mesa de Protección por la Vida.

Según la funcionaria, en los últimos dos años la Fiscalía logró condenar a 39 palmicultores que ocuparon tierras de manera ilegal entre 1997 y 2005, en el Bajo Atrato, y según las pruebas recopiladas se demostró la “participación de estas personas en los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado”, se lee en un comunicado de la Fiscalía.

“Con estos fallos, se reafirmó la hipótesis de la Fiscalía sobre un plan criminal orquestado por algunos palmicultores de la región para amenazar y obligar el éxodo de pobladores y reclamantes de tierras, con el ánimo de quedarse con extensiones de terrenos fértiles y aptos para su actividad agrícola”, dijo Riveros.

La Vicefiscal también dijo que “por esta misma actividad ilícita y constreñimiento a las poblaciones, la entidad adelanta procesos investigativos y de judicialización de empresarios dedicados a la ganadería extensiva”.

El artículo continúa abajo

La hipótesis que maneja la Fiscalía es que poderosos empresarios que se niegan a entregar las tierras a sus dueños legítimos, se estarían relacionando con grupos armados ilegales para presionar desplazamientos y amenazas a líderes de tierras, una práctica que desde hace unas dos décadas se ha extendido en varias regiones del país.

Además, Riveros señaló que en este escenario de amenazas y asesinatos también están involucrados grupos como el ‘clan del Golfo’, que “han adoptado los modelos de organización y funcionamiento propio de los grupos paramilitares, lo que ha permitido un control territorial y social en la zona” del Urabá chocoano y antioqueño.

En cuanto al avance en las investigaciones por los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la Fiscalía asegura que ha avanzado en un 50 %.