Los nueve magistrados del alto tribunal estuvieron de acuerdo en que sea la entidad liderada por el fiscal Néstor Humberto Martínez la que administre los bienes que la desarmada guerrilla no incluyó en el inventario que entregó luego de la firma del acuerdo de paz.

La Corte también le advirtió a la Fiscalía que esos bienes que están en extinción de dominio en cualquier caso deben ir al Fondo de Reparación de las Víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, la JEP ya se había mostrado de acuerdo en que la Fiscalía debía tener esa competencia y que “la solicitud de Martínez no tenía otro efecto de “dilatar” el trámite de estudio y eventual decreto de medidas cautelares que fueron solicitadas por la Unidad de Investigación (UIA) de la JEP”, indicó Semana.

Según la revista, fue ‘Pastor Alape’, exjefe guerrillero, el que pidió esas medidas cautelares porque otros grupos armados ilegales “estarían detrás de las caletas con dinero en efectivo y oro”, pero ahora deberá acudir a la Fiscalía ante cualquier duda.

Informes de la Fiscalía, citados por LA FM, “revelan que después del 15 de agosto de 2017 se han encontrado 548 predios urbanos, 5.228 bienes rurales, 207 bienes baldíos, 284 predios comerciales, 792.808 semovientes, y 1.166 automotores”.