Se trata de los eventuales efectos de la inscripción de personas que en un momento determinado, con fundamento en ello, se hagan elegir para un cargo de elección popular estando inhabilitados por decisiones judiciales, disciplinarias o fiscales.

La Fiscalía está revisando las causales de inhabilidad de los 694 candidatos informados por la Procuraduría, a fin de determinar cuáles se encuentran dentro del tipo penal de elección ilícita, con el propósito de imputar la conducta a título de tentativa”, dijo Espitia en rueda de prensa.

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Recordó que, atendiendo el tipo legal de financiamiento de campañas electorales con fuentes de financiación prohibida, la ley señala una pena tanto al candidato como para al gerente de campaña y para los aportantes a esas campañas.

Con base en esos criterios, el ente acusador realizará un seguimiento de los aportes propios en las campañas adelantados por candidatos, constituidos como fuentes de financiación prohibida, de acuerdo con la ley 1475.

“En específico, de aquellos que tienen conocimiento de procesos de extinción de dominio en su contra, así como de las personas imputadas o acusadas por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad”, explicó Espitia.

“El mensaje fundamentalmente es, primero, de verificación de la Procuraduría; y de represión inmediata de estas conductas en cuanto alcancen la entidad de delito”, advirtió.

Al mismo tiempo llamó la atención sobre el hecho de que “en muchas condiciones y en muchas circunstancias, se van a presentar casos en los cuales personas, sin estar condenadas, estén imputadas o acusadas por estos graves delitos, que no pueden constituirse en aportantes ni siquiera de sus propias campañas”.