El fiscal general no quiso que Gustavo Petro y Gustavo Bolívar proporcionaran información “insuficiente” en la Corte Penal Internacional y por eso le envió una carta a la fiscal Fatou Bensouda, difundida por La FM, donde da cifras sobre la “judicialización de los victimarios de derechos humanos en Colombia”.
En la misiva, Martínez habló de una estrategia para la “investigación y judicialización de delitos contra defensores de DD. HH.” junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han dado resultados, según él.
De acuerdo con las cifras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, dice el fiscal en la carta, el ente acusador ha identificado el 57 % de los casos (del 2019) de asesinatos a líderes sociales.
De igual manera, asegura Martínez en el texto, se han identificado 382 sospechosos de asesinar a defensores de los Derechos Humanos, de los cuales 243 ya han sido capturados.
El fiscal resalta la “eficacia de la justicia” colombiana en la investigación de estos casos y señala, además, que la “impunidad frente a las afectaciones a nuestros líderes y dirigentes sociales son cosa del pasado en Colombia”.
Finalmente, Martínez se mostró dispuesto a suministrar más información a la Corte Penal Internacional.
Con este documento, el fiscal se aseguró de que ese despacho no se quede con la versión que puedan presentar los congresistas Petro y Bolívar que, además, podrían abogar por la Justicia Especial para la Paz (JEP).
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