Escrito por:  Redacción Nación
May 24, 2025 - 9:17 am

La familia de Lyan Hortúa, el niño de 11 años que estuvo secuestrado durante 18 días en Jamundí, Valle del Cauca, estaría tomando medidas urgentes para abandonar Colombia ante el riesgo inminente de nuevas agresiones. Tras el reciente asesinato de un familiar cercano implicado en la gestión del rescate, los allegados de Lyan estarían analizando las opciones de buscar alternativas fuera del país.

El caso ha provocado alarma nacional debido a la vulnerabilidad y el temor permanente en que viven los familiares del menor desde el pasado 3 de mayo, cuando más de diez hombres armados irrumpieron en su residencia y terminaron llevándose a Lyan. Si bien las autoridades confirmaron que el niño no era el objetivo principal del delito, las consecuencias han sido devastadoras para su círculo más cercano.

El secuestro de Lyan finalizó tras el presunto pago de un millonario rescate; sin embargo, la violencia no cesó para su familia. El 22 de mayo, Jesús Antonio Cuadros Osorno, primo del padrastro de Lyan y supuesto encargado de entregar el dinero para la liberación del menor, fue asesinado a tiros en el sur de Cali. Este ataque no solo dejó herida a la pareja de Cuadros Osorno —quien también está siendo investigada— sino que encendió todas las alarmas sobre la seguridad de quienes participaron en las negociaciones del rescate.

Frente a la gravedad de la situación, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, confirmó que la familia ha solicitado acompañamiento para encontrar una salida segura fuera de Colombia: “La familia está pidiendo ayuda principalmente para salir del país y evitar más tragedias. Es una situación angustiante”, explicó Mendoza, quien también hizo un llamado a la solidaridad y a la protección de los derechos de las víctimas.

La amenaza sigue latente, intensificada por antecedentes familiares relacionados con la criminalidad. Se recuerda que el padre biológico de Lyan fue asesinado en 2013 mientras enfrentaba cargos ligados a estructuras delictivas, lo que complica aún más la situación y expone a los sobrevivientes a posibles vendettas o represalias.

Por esto, la familia insiste en la urgencia de encontrar un refugio seguro lejos de Colombia, mientras las autoridades continúan investigando el caso. La expectativa ahora recae sobre la respuesta de las instituciones nacionales e internacionales para garantizar la protección real de quienes han quedado marcados por este episodio de violencia.

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Se especula que, incluso, Vanessa Bonilla, Jorsuar Suárez, Lyan y la otra hija de la pareja ya abandonaron el país, o, por lo menos, ya salieron del Valle del Cauca.

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La versión surge luego de que ninguno de ellos apareciera en el funeral de Antonio Cuadros, según Semana. El hombre que sirvió como intermediario y que falleció el pasado jueves en la mañana, estuvo acompañado por otros miembros de su familia, pero dice la publicación periodística que los principales protagonistas de esta historia no lo hicieron.

Las autoridades tampoco han dado luces sobre la familia (y seguramente no las darán). Por seguridad de los menores de edad y de los padres, su paradero quedará oculto, pero queda el manto de duda en qué hay detrás de esta historia y si la investigación que adelantan las autoridades sobre posibles nexos con el narcotráfico caben en esta historia.

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