El caso del secuestro de Lyan Hortúa Bonilla, ocurrido en Jamundí, sigue siendo un misterio para las autoridades, quienes cuestionan la versión ofrecida por la familia.
Aunque la madre y el padrastro aseguraron no haber recibido apoyo estatal, informes oficiales indican lo contrario e incluso sugieren que se negaron a colaborar con el Gaula al inicio.
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La familia estableció una negociación paralela con la disidencia Jaime Martínez, responsable del secuestro, sin notificar a las autoridades.
Detrás del plagio habría una deuda de aproximadamente 37.000 millones de pesos relacionada con Angie Bonilla, madre del niño y presunta testaferro del capo extraditado ‘Diego Rastrojo’, detalla Semana.
El secuestro habría sido una presión por parte de emisarios de los Rastrojos para recuperar bienes en custodia de la familia.
Aunque la familia afirmó que el niño sufrió maltratos, las investigaciones indican que estuvo bien cuidado en una finca. La liberación se produjo tras entregar una alta suma de dinero, gestionada por Jesús Cuadros, quien fue asesinado posteriormente.
La ostentosa vida de la familia, sumada a su negativa de permitir inspecciones, generó desconfianza entre las autoridades y organismos de derechos humanos.
“La familia salió de Cali el jueves en la noche después del asesinato de Cuadros, primo del padrastro de Lyan. También, Barbie [la madre del niño] eliminó todo en sus redes y no asistieron al velorio del hombre que los ayudó con el rescate”, señaló Semana acerca del nuevo rumbo de la familia de Lyan.
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