Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   Oct 15, 2026 - 12:35 pm
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La Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación contra Everth Julio Hawkins Sjögren, quien ocupó el cargo de gobernador en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante el periodo 2020-2023. Según la información recogida por El Espectador, la acusación se fundamenta en presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, obra que tenía un presupuesto de 11.125 millones de pesos colombianos. De acuerdo con el ente investigador, se le señalan los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

La judicialización de Hawkins Sjögren ocurrió el 27 de agosto, cuando una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputó formalmente dichos delitos. Sin embargo, como informa El Espectador, el exgobernador no aceptó los cargos. Según la investigación de la Fiscalía, Hawkins Sjögren delegó la firma de un contrato interadministrativo al secretario de Infraestructura, quien acordó, el 19 de octubre de 2022, la realización de la obra con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca). Esta asociación fue la entidad encargada de subcontratar tanto la ejecución como la interventoría. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Aremca no contaba con la experiencia técnica indispensable para una intervención de esa magnitud.

La Fiscalía detalla que el estudio de mercado previo habría sido insuficiente y, aunque el proyecto se presentó bajo el concepto de "gerencia estratégica", realmente era una obra que no figuraba en el banco oficial de proyectos del departamento, carecía de autorizaciones y se tramitó como contratación directa siendo que legalmente requería licitación pública. Además, los trabajos para la construcción iniciaron el 20 de abril de 2023 sin licencias ambientales de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) ni permisos de la Dirección General Marítima (Dimar). El resultado fue la construcción de plataformas y kioscos turísticos en el islote sin el muelle de acceso para turistas, uno de los objetivos iniciales, y con riesgo de demolición por falta de avales oficiales.

A esto se suma, según la Fiscalía, que la Gobernación desembolsó, los días 11 y 12 de enero de 2023, 10.847 millones de pesos a una fiducia creada por Aremca, antes de que comenzara la obra. Un peritaje de la entidad estima el presunto detrimento patrimonial en más de 4.330 millones, relacionados con sobrecostos, sumas no devueltas y omisiones de descuentos legales. Si bien Hawkins Sjögren delegó la firma del contrato, la Fiscalía considera que habría dirigido el presupuesto, escogido el contratista y definido la modalidad contractual, teniendo conocimiento de las anomalías detectadas.

Este proceso judicial es parte de una estrategia más amplia de la Fiscalía para investigar manejos irregulares de recursos públicos del Sistema General de Regalías (SGR). En este contexto, un Grupo de Tareas Especiales ya ha llevado a la justicia a 28 personas por contratos irregulares, abarcando más de 1.252 contratos y recursos superiores a los 3,7 billones de pesos, según El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía acusa al exgobernador Hawkins Sjögren en el caso de Haynes Cay?

La Fiscalía acusa al exgobernador Everth Julio Hawkins Sjögren de irregularidades en el proyecto urbanístico de Haynes Cay, principalmente por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Según la investigación, Hawkins habría delegado indebidamente la contratación a Aremca, que no tenía la experiencia técnica necesaria, tampoco se cumplieron los trámites legales adecuados ni se obtuvieron permisos esenciales antes de iniciar la obra. Además, se habría producido un daño patrimonial superior a 4.330 millones de pesos.

¿Qué irregularidades encontró la Fiscalía en el contrato entre la Gobernación y Aremca?

La Fiscalía identificó varias irregularidades: la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) no tendría experiencia técnica suficiente, el estudio de mercado fue calificado como insuficiente y el proyecto se tramitó por contratación directa en lugar de licitación pública. Además, la obra empezó sin licencias ambientales ni permiso de la autoridad marítima, y no realizó algunos componentes clave, como el muelle. Los desembolsos de la gobernación a la fiducia creada por Aremca también presentaron presuntos sobrecostos y omisiones en descuentos legales, generando un significativo detrimento patrimonial.


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