La cancelación de uno de los eventos más importantes del 2022 en Colombia ha suscitado la indignación entre los cerca de 150.000 asistentes, comerciantes y demás personas involucradas en el festival. Los afectados buscan a los culpables para que les respondan y, ante la ola de insultos, la exposa de Alejandro Casallas, esquivó cualquier tipo de responsabilidad.
Paola Moreno, cofundadora del Jamming Festival, aseguró que en redes sociales ha visto las furiosas reacciones por la decisión de su expareja y que ha estado sujeta a diversas versiones que la involucran como socia de la organización.
“No soy esposa de Alejandro Casallas, como se ha afirmado en algunos medios. De él me separé en 2012, y aunque la sociedad se extendió hasta 2016, reitero que mi relación sentimental llegó a su fin en el año mencionado”, manifestó en un comunicado expuesto por Las 2 Orillas.
(Vea también: Padre de Alejandro Casallas, organizador del Jamming, bajo custodia policial en Ibagué)
Moreno explicó que en 2016 tomó la decisión de desvincularse totalmente del Jamming, entregando toda la participación que la hacía socia. Además, que desde 2020 inició el proceso de desvinculación, también, de Casa Babylon, el bar de Casallas en Chapinero.
“No tengo responsabilidad sobre los aplazamientos que ha tenido el Jamming Festival desde 2020; tampoco conozco los mecanismos que la organización disponga para devolución de dinero, pago de proveedores y demás obligaciones adquiridas.
Es así que una persona más que estaba siendo relacionada con la cancelación del evento salta del barco para no ahogarse junto a Casallas, principal responsable del evento y que no ha dado la cara directamente tras el fracaso del festival.
Mientras aparece Casallas, otros involucrados empiezan a sentir el peso de la ley. Ayer se conoció que Luis Casallas, padre del organizador, permanece bajo custodia policial en una de las habitaciones de Playa Hawái, sitio que recibiría el evento.
El hombre habría recibido la orden de permanecer en el centro vacacional y no abandonar la ciudad hasta que las autoridades ahonden en la investigación correspondiente por la cancelación del evento, que según cifras del Concejo de Ibagué, alcanzan los 75.000.000 millones de pesos en pérdidas.
LO ÚLTIMO
.svg)
