Pese a que en Colombia es un derecho fundamental desde 1997 y se practica, los procedimientos siguen siendo confusos para el personal médico y quienes quieren ejercerlo.

El proyecto que se radicó para discutir todos los escenarios posibles y su aplicación necesitaba 85 avales para poder seguir su trámite y comenzar a debatirse, pero no alcanzó.

Así lo expresó el representante por el Partido Liberal Juan Fernando Reyes, al criticar la decisión sobre “regular el derecho a morir dignamente en Colombia a través de la eutanasia y calificó la jornada de hoy de “un día difícil para las libertades de los colombianos”.

“Este proyecto pretendía garantizarle a todos los colombianos que pudieran decidir con autonomía sobre su propia vida”, juzgó Reyes, impulsor del proyecto.

“Mi único pedido para la ciudadanía es que nos permitan a quienes queremos en algún momento de nuestras vidas decidir hasta dónde estamos dispuestos a luchar, que también lo podamos hacer”, dijo la representante por el Partido Verde Juanita Goebertus, durante el debate, en el que pidió los votos para que el debate siga y no se quede parado como sucedió en diciembre de 2019. En ese entonces, la misma Cámara hundió el proyecto presentado también por Reyes por 8 votos.

Eutanasia en Colombia:

Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia, y uno de los pocos del mundo donde es legal, pero los procedimientos aún enfrentan barreras, como que solo se realiza en determinadas ciudades y muchos centros médicos no saben cómo actuar.

En el país tan solo se han realizado 94 procedimientos de eutanasia desde abril de 2015 hasta el 8 de mayo de 2020, según el Ministerio de Salud, que cuenta los casos desde que se permitió el procedimiento, 18 años después de que en 1997 la Corte Constitucional consagrara la muerte digna como un derecho fundamental.

La mayoría de estos procedimientos se realizaron en Bogotá o en el departamento de Antioquia, y casi nueve de cada diez fueron a personas con diagnóstico relacionado con el cáncer.

Además, por cada cinco solicitudes que se realizan en el país, solo acaban practicadas dos, según los datos oficiales.