El explosivo careo protagonizado por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en la Base Naval de San Andrés contra la gobernadora del archipiélago, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, sacó a flote una compleja red de presuntos hechos de corrupción que amenazan la estabilidad institucional del departamento. El jefe de Estado no solo encaró a las funcionarias por sabotear la intervención sanitaria del Hospital Departamental, sino que abrió la caja de Pandora sobre contratos oscuros y el manejo irregular de recursos públicos.
La tormenta política estalló a raíz de la intervención forzosa por un año ordenada el pasado 16 de octubre por la Superintendencia Nacional de Salud, medida adoptada debido al reiterado incumplimiento de planes de mejoramiento desde 2022, el cierre de 13 de los 59 servicios habilitados y la precaria planta de personal que contaba con un solo cirujano general. Aunque la gobernadora Ordóñez y la congresista Jay-Pang le habían manifestado al Ejecutivo estar conformes con la medida, el primer mandatario descubrió maniobras subterráneas para obstaculizar el proceso. “Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse”, sentenció De La Espriella durante su visita oficial.
Las advertencias del mandatario escalaron rápidamente hacia el terreno contractual y ambiental. Dirigiéndose con severidad a las lideresas insulares, el presidente reveló que su administración tiene mapeadas todas las irregularidades que operan en la isla. “Estoy enterado de los negocios de su marido. Estoy enterado de Coralina. Estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, advirtió, señalando directamente que el esposo de la representante Elizabeth Jay-Pang estaría detrás de los hilos de la contratación de la Gobernación departamental. Las alarmas también se encendieron sobre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina), autoridad ambiental señalada de desviar su misión técnica hacia intereses burocráticos y clientelistas, según informó La FM.
Ante este panorama de presunto desangre fiscal, el Ejecutivo lanzó una advertencia categórica sobre el manejo de los presupuestos venideros. El jefe de Estado aseguró que los dineros enviados desde el nivel central tendrán un blindaje absoluto y una fiscalización implacable para evitar que caigan en manos de redes de corrupción. “Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar. Pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otro gobierno… A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración”, recalcó enfáticamente.
Paralelamente a las indagaciones fiscales y penales anunciadas en el archipiélago, el paquete de medidas gubernamentales incluyó un plan de choque en salud para atender a más de 4.900 pacientes represados, inversiones de 15.082 millones de pesos en vivienda raizal para Providencia, 20.341 millones para agua potable y 10.000 millones destinados al proyecto turístico “Isla Milagro” a través de Fontur y aliados estratégicos. Mientras los organismos de control alistan auditorías exprés para examinar la contratación local y el manejo de Coralina, ni la gobernadora Girley Ordóñez —quien asumió el mandato en julio de 2026 tras las elecciones atípicas— ni la veterana congresista liberal Elizabeth Jay-Pang han emitido respuestas oficiales, refugiándose en un profundo hermetismo frente al terremoto político que sacude las islas.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO
.svg)
