La licitación es para un contrato de 387.000 millones de pesos, suma que de acuerdo con El Tiempo fue destinada para el suministro y dispensación de medicamentos en la institución militar.

El medio capitalino conoció que el propio director de Sanidad Militar, general Javier Díaz Gómez, estuvo en la Procuraduría para tratar de aclarar las “seis inquietudes” que tiene el Ministerio Público en cuanto a la forma en que se diseñó esa licitación.

Y es que según dijo el procurador Fernando Carrillo, el pasado 23 de agosto, la solicitud que se hizo es para que el Ejército “revoque” esa licitación ya que se detectaron serias irregularidades.

“Resulta que las normas generales de contratación en materia de transparencia, contratación, auditorías y sobrecostos, es decir, todo lo que los médicos llaman las patologías, están aquí presentes, y por eso hemos pedido la revocatoria de la licitación”, dijo Carrillo ante medios, declaración que compartió en sus redes.

Además de estos hallazgos, la Procuraduría también encontró que por la forma en que se diseñaron los pliegos de esta licitación “se abre la puerta al pago de medicamentos por encima de los precios máximos de venta regulados por la Comisión de Precios de Medicamentos, originando posiblemente sobrecostos que se financiarían con recursos públicos de la seguridad social en salud”, se lee en un comunicado.

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Finalmente, el órgano de control advirtió que en la oferta se establecieron “condiciones de habilitación y calificación que no fueron debidamente sustentadas” en los estudios que se hicieron previamente, el pago de facturas sin una auditoría médica para generar “liquidez” al contratista y que, además, se limitó la posibilidad de recibir otras ofertas con mejores precios.

Así las cosas, se espera que el Ejército explique cómo se solucionarán estas aparentes irregularidades y si suspende la licitación como pide la Procuraduría.

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