Cuando la borrasca desatada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) amenaza con desentejar y dejar descubierta la Casa de Nariño, otro chaparrón afecta al Gobierno: el Senado tumbó este miércoles la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. Y estos nos son hechos simples. El negativo efecto de moñona que se produce ha puesto en serios aprietos al Ejecutivo que, de nuevo, ve en la agitación callejera la única manera de impulsar sus iniciativas. Los dos factores constituyen la más seria crisis que haya enfrentado el presidente Petro, hasta ahora.
(Le interesa: Petro alistaría jugada para volver a radicar consulta popular y agregaría nueva pregunta)
El hundimiento de la consulta popular en el ámbito de la democracia representativa (ocurrió en el debate de los senadores) se suma a otra seria derrota en el ámbito de la democracia directa: las elecciones de alcaldes y gobernadores en octubre de 2023, en las que los candidatos del proyecto progresista del presidente fracasaron. En esa ocasión, los colombianos le pasaron cuenta de cobro al Gobierno de Petro, apercollado por un rosario de escándalos que aún no incluía el mayor de todos, el de la UNGRD.
Quizás el caso más emblemático de esas elecciones fue Bogotá, en donde estaban cifradas todas las esperanzas del petrismo con su candidato Gustavo Bolívar. La izquierda aspiraba a una eventual segunda vuelta para sacar provecho en un escenario polarizado. Sin embargo, Bolívar fue derrotado por Carlos Fernando Galán, que evitó el balotaje al superar el 40 % y sacar una ventaja superior a diez puntos sobre el segundo candidato más votado. En el resto del país el petrismo también tuvo serios reveses, pero, al parecer, no hizo (no ha hecho) un análisis, una lectura adecuada de lo que siente Colombia.
Gustavo Petro insiste en la calle, donde también podría ser derrotado
Si bien el presidente Petro ha conseguido llenar sitios públicos, como la Plaza de Bolívar de Bogotá, y ha querido mostrar esas multitudinarias asistencias como actos espontáneos de lo que él denomina “pueblo”, en la real composición de esas muchedumbres se encuentran indígenas del Cauca traídos con dineros públicos, sindicatos, trabajadores del Estado y hasta estudiantes del Sena, muchos de los cuales han dicho que asisten porque sus profesores lo pidieron. De las otras expresiones democráticas y populares (sea la democracia representativa o la directa electoral) el Gobierno aún no ha podido hacer lecturas adecuadas pese a estar cargadas de poderosos mensajes.
Por el contrario, en un hecho inédito en la historia de Colombia, el Gobierno del presidente Petro buscaría convocar una huelga general (!). Así se desprende de la fotografía que publicó la revista Semana del celular del ministro del Interior, Armando Benedetti, cuando sostenía una conversación por WhatsApp con el mandatario. “¿Quién convoca la huelga general? ¿A quién se le dice que lo haga?”, le pregunta el jefe de Estado a Benedetti, después de enterase del hundimiento de su consulta popular.
En la red social X, el presidente Petro también invitaba a una reunión a las centrales obreras, las organizaciones campesinas, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena “para dar el paso siguiente” (?). Además, como es habitual en sus intervenciones, buscó hacer una asociación con las cusas que dieron origen al grupo M-19, al que perteneció: “No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude, como en un 19 de abril de 1970”. Ordenó que la fuerza pública no ataque al pueblo, y, otra vez, se puso a disposición: “Estoy listo para lo que el pueblo decida”. Ya antes ha asegurado que irá “hasta donde el pueblo diga”.
Corrupción tiene contra la pared a alfiles de Gustavo Petro
El hundimiento de la consulta popular puede ser, como dicen el presidente Petro, su ministro Benedetti y sus seguidores, producto de un fraude. Eso tendrá que ser probado, y el Gobierno deberá aportar las evidencias. Pero a la cometa que quiere elevar el mandatario le sigue pesando mucho la cola de escándalos de corrupción. Otra tesis —que también está por probarse, por supuesto— es que lo que ocurrió en el Senado este miércoles es el reflejo de un país seriamente impactado desde hace un año por lo que ocurrió en la UNGRD y que ya echó a rodar varias cabezas cercanas al jefe de Estado.
Solo hace ocho días fueron capturados los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, acusados de recibir 3.000 millones de pesos el primero y 1.000 millones de pesos el segundo, para comprar votos en el Congreso de la República, principalmente mediante el otorgamiento de contratos, con el fin de impulsar las iniciativas del Gobierno. Los dineros los distribuyó el exdirector de la UNGRD Olmedo López, exmilitante del M-19 nombrado en ese cargo por el presidente Petro, y el exdirector Sneyder Pinilla.
Calle y el clan de su familia son quizá los artífices del triunfo de la campaña presidencial de Petro en el departamento de Córdoba y en la Costa en general. La fidelidad de Calle al mandatario hizo incluso que se insubordinara a su partido, el Liberal, y a su director, César Gaviria, que no respalda al hoy jefe de Estado. Calle no acató directrices y se lanzó de lleno, junto con su hermano Gabriel, a la campaña Petro presidente. Todo el clan le organizó al entonces candidato Petro eventos en Montería, San Andrés de Sotavento, Lorica, Sahagún y Cereté, y en Montelíbano, bastión político de los Calle.
La repartija de recursos de la UNGRD se produjo, según la exconsejera del presidente Petro para las regiones Sandra Ortiz —hoy capturada—, por orden del Carlos Ramón González, otro excompañero de militancia del mandatario en el M-19, que lo situó en la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Este miércoles de votación en el Senado sobre consulta popular, fiscales delegadas ante la Corte Suprema de Justicia solicitaron una audiencia para imputar cargos a González, hoy por fuera del país, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Pero González no es el único integrante del círculo más próximo del presidente Petro que se ve seriamente involucrado en el escándalo de corrupción de la UNGRD. César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y fiel escudero del presidente Petro desde cuando fue alcalde de Bogotá, también fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Su nombre aparece varias veces en el expediente de la Fiscalía y en las diligencias de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Las proporciones del escándalo son tan grandes que asimismo están a punto de enfrentar la justicia por el mismo caso los exministros de este Gobierno Ricardo Bonilla (Hacienda), implicado por su propia exasesora María Alejandra Benavídez, y Luis Fernando Velasco (Interior). Otros enredados son los representantes a la Cámara Wadith Alberto Manzur Imbett, Karen Astrith Manrique Olarte, Julián Peinado Ramírez, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz Cabrera; y los senadores Julio Elías Chagüi Flórez y Martha Peralta Epieyú. Para muchos, las capturas de estos congresistas son inminentes.
El país está atónito con este intrincado entramado de corrupción y no es descabellado concluir que esa situación tenga efectos en expresiones democráticas que no le gustan al presidente Petro como la democracia representativa (el Congreso, ahora más prevenido por tener la mirada de la nación encima precisamente por el escándalo de la UNGRD que tiene a varios de sus integrantes contra la pared), y la democracia directa (las urnas) que ya lo castigó, por los primeros escándalos que estallaron en su más próximo entorno, en las elecciones para alcaldes y gobernadores en 2023.
Al mandatario le sigue quedando otra expresión ciudadana, la de las manifestaciones, su instrumento preferido para seguir exacerbando al país, pero desinflada ahora por el hecho de que, si bien el Senado hundió la consulta popular, revivió la reforma laboral que la había originado. Los trabajadores podrían obtener así definitivamente los justos beneficios que buscan, y el presidente Petro, si insiste, se expone a otra derrota por no tener razón ya para llenar el escenario que más le gusta: la calle.
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