Duque y Santos, igual que otras autoridades y expertos, darán a conocer este jueves sus opiniones sobre el tema, que no solo tiene repercusiones jurídicas, sociales, de seguridad y hasta de salubridad, sino políticas.
Santos (presidente de Colombia entre 2010 y 2018) suspendió las fumigaciones con glifosato luego de que en 2015 la Corte Constitucional así lo exigiera. Duque, por su parte, ha manifestado que podría retomar las aspersiones con el herbicida siguiendo los lineamientos dados por el alto tribunal y que tienen que ver con que no se afecte la salud humana.
Las posiciones de Duque; Santos, que es miembro de la Comisión Global de Política de Drogas, y las demás personalidades se conocerán en la audiencia pública que busca aclarar qué tanto se están cumpliendo las exigencias, en caso de que se quisiera volver a las fumigaciones.
La Corte dijo, en un fallo de 2017, que la única forma de reanudar el programa de fumigación con glifosato era a través de una investigación científica, que de forma “objetiva y concluyente, demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.
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A la audiencia de este jueves está citado también el personero del municipio de Nóvita, Jarry Gómez, que interpuso ante la Corte una tutela alegando afectaciones en la salud de comunidades indígenas del departamento de Chocó, por el uso del glifosato.
Esa acción fue la que llevó a que en 2017 la Corte estableciera que se debía hacer una consulta previa con las comunidades para poder continuar las fumigaciones con glifosato.
Además de Duque, estarán las ministras de Justicia, Gloria María Borrero, y del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; y los ministros de Salud, Juan Pablo Uribe; Ambiente, Ricardo Lozano, y Defensa, Guillermo Botero.
La audiencia tendrá como ejes temáticos los riesgos de la utilización del glifosato en la salud de las personas y las afectaciones de este herbicida a las fuentes de agua, vegetación y animales.
También habrá uno referente a seguridad y defensa y otro denominado “Cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de solución al problema de los cultivos ilícitos y la construcción de paz”.
Para hablar de seguridad están invitados el director antinarcóticos de la Policía, general Jorge Luis Ramírez, y el representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, entre otros.
También participarán los gobernadores de regiones afectadas por cultivos ilícitos de coca como el de Nariño, Camilo Romero, y Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.
Igualmente, la Corte invitó a expertos como el profesor emérito de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guelph Keith Solomon para conocer su postura sobre los efectos del glifosato sobre el medioambiente.
Por su parte, el profesor honorario de la Universidad de Queensland (Australia) y exdirector del Centro Nacional para la Salud Ambiental de Atlanta, Christopher Portier, hablará sobre los riesgos en la utilización del glifosato para la salud.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento de los tratados antidrogas, mostró el martes pasado su preocupación por el aumento hasta cifras récord del cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína en Colombia.
En el reporte presentado en Viena recuerda que el cultivo de coca sube “constantemente desde 2013, de las 48.000 hectáreas registradas hasta las 171.000 en 2017”.
El 64 % del incremento de la superficie se concentró en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca, precisa la JIFE.
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