En explosivo ascenso en números de estudiantes y activos económicos, aparece en el radar de la opinión pública la Fundación San José, cuyo representante legal, Francisco Alfonso Fernando Pareja González, ha llamado la atención por su trayectoria y vinculación con diversos personajes políticos de Colombia.
Un exconcejal de 65 años, Pareja González ha sabido forjarse un lugar en el mundo político y educativo, acumulando en simultáneo una extensa red de contactos que incluye exgobernadores y ministros del país. Su nombre se ha hecho omnipresente, en especial durante el Gobierno de Gustavo Petro, período en el cual, su fundación ha enfrentado controversias educativas, políticas y judiciales, enredadas unas con otras, creando una madeja de sucesos que cada vez atrae más miradas, como informó El Tiempo.
La Fundación San José fue instaurada en 1984, concebida como una alternativa de estudios para los estratos más bajos de la sociedad. Su crecimiento en la última década ha sido notorio: desde aproximadamente 1.000 estudiantes en 2015, hasta alcanzar la cifra de 14.496 estudiantes para el 2024, suscita dudas la carencia de una acreditación de alta calidad para los 47 programas que oferta la institución, según el rotativo.
La Agencia Nacional de la Educación Superior en Colombia ve esto como un contraste llamativo entre la expansión del centro y su falta de aval educativo de calidad. “No es normal que una institución crezca a tal ritmo sin contar con las acreditaciones correspondientes. Genera dudas y reales preocupaciones sobre la calidad del servicio que se ofrece a esos miles de estudiantes”, expresó un alto funcionario de la mencionada agencia, que pidió mantenerse en anonimato por estar en curso la investigación, de acuerdo con el citado medio.
Este crecimiento paralelo posiciona al centro educativo, y a su cabeza, Pareja González, en el centro de la polémica. Entre sus posesiones, Pareja cuenta con cuatro edificios azul aguamarina en Chapinero, sede principal de la San José.
La Fundación San José aparece involucrada en un caso de otorgación de “títulos exprés” a 24 funcionarios del gobierno, incluida la secretaria Nelfy Melo. Petro defendió estos grados, alegando ataques políticos contra “mujeres cabeza de familia”. Sin embargo, congresistas como Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao denunciaron irregularidades en los títulos otorgados.
“No hay justificación para otorgar títulos de la noche a la mañana, menos aun cuando la beneficiaria es una funcionaria del Ministerio del Interior”, afirmó Juvinao en sus redes sociales, en alusión a Juliana Guerrero, graduada opacamente de contadora y tecnóloga en tiempo récord mientras desempeñaba su cargo.
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