En medio del creciente escándalo político que rodea al denominado ‘Pacto de Valledupar’, El Tiempo conoció en exclusiva el documento que no se hizo público en su momento y que permite reconstruir los compromisos reales discutidos entre altos funcionarios del entonces gobierno de Gustavo Petro y los máximos excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se trata de una declaración conjunta de dos páginas, con fecha del 24 de octubre de 2025, suscrita al término de tres días de intensas sesiones reservadas en un centro de eventos de la capital del Cesar.
La trastienda logística para el traslado de figuras como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’), Edward Cobos, Rodrigo Pérez, Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’) y Fredy Rendón Herrera fue articulada directamente por el Inpec tras directrices del Ejecutivo. Por parte del Gobierno, la mesa estuvo encabezada por la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez, y su asesor Víctor de Currea-Lugo, acompañados por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director nacional de Inteligencia, Jorge Lemus. Aunque el trasfondo oficial apuntaba a finiquitar el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, la reapertura de estos acercamientos en pleno calendario electoral levantó serias sospechas sobre presuntas intenciones de manipular testimonios judiciales contra líderes de la oposición como Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.
El texto de la declaración conjunta, fundamentado en la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025 que reactivó la condición de gestores de paz para 16 exjefes paramilitares, detalla en sus apartados iniciales las intenciones de las partes. En uno de sus puntos centrales, el manifiesto consigna textualmente: “Reconocemos la voluntad de paz de las partes hacia un mejor país. En este sentido, los Gestores de Paz reiteran su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, para garantizar el valor supremo de la no repetición y la reparación integral de las víctimas”. Asimismo, el documento admite que la cumbre en la capital del Cesar constituía únicamente la fase inicial de una ruta más amplia: “Reconocemos, igualmente, que estos días de trabajo son un punto de partida hacia un proceso, cuya meta fundamental es el cierre del proceso de paz entre el Estado colombiano y las extintas Autodefensas Unidas de Colombia”.
Uno de los acápites más relevantes del escrito aborda el tratamiento de las confesiones y la memoria histórica del conflicto armado. La declaración fija una postura sobre las intervenciones previas de los excombatientes al señalar que “La verdad de la participación de las Autodefensas en el conflicto armado ya ha sido ampliamente dicha y corresponde a la Mesa Técnica la organización, sistematización y divulgación de la información ya disponible”. Este aspecto resulta clave dentro del expediente, pues varios de los excomandantes manifestaron posteriormente que se negaron a reabrir juicios o emitir nuevos señalamientos sin sustento probatorio, argumentando que toda su versión había sido entregada exhaustivamente ante los tribunales de Justicia y Paz.
Mientras las autoridades judiciales entran a evaluar si durante estas aproximaciones se incurrió en conductas irregulares o uso indebido de los recursos del Estado con fines electorales, la revelación del documento formaliza la existencia de una hoja de ruta que intentó redefinir la relación entre el Estado y los antiguos mandos del paramilitarismo. La Fiscalía General de la Nación deberá determinar hasta qué punto las actuaciones de los altos funcionarios se ajustaron al marco legal de la ‘paz total’ o si sobrepasaron las atribuciones institucionales en la búsqueda de réditos políticos.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia.
Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026.
También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16.
Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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