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El Paradero con Espacio Público (PEP) implantado en el sector del Hospital San Juan de Dios en Armenia, Quindío, nació como una iniciativa ambiciosa dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público local. Con una inversión de más de $3.000 millones de pesos, financiada en su mayoría por el gobierno nacional y complementada por recursos municipales, esta infraestructura aspiraba a modernizar el transporte público y propiciar un lugar seguro para el encuentro ciudadano, el esparcimiento y la movilidad urbana, como lo reseñó La Crónica del Quindío. Sin embargo, la realidad que enfrentan tanto residentes como transeúntes dista significativamente de aquel propósito inicial.
Vecinos del sector expresan su malestar ante el rápido deterioro del espacio, convertido en refugio permanente para habitantes de calle. Según denuncias difundidas por La Crónica del Quindío y testimonios como el de Michael Ortiz León, del barrio Laureles, el funcionamiento inadecuado del PEP ha intensificado problemáticas sociales. El lugar se utiliza indiscriminadamente para pernoctar y cubrir necesidades básicas, situación que desmejora el ambiente y fomenta olores desagradables, además de propiciar el desgaste de la infraestructura. A este desafío se suma la débil presencia policial y la falta de control efectivo, factores que han impedido la consolidación del PEP como un entorno funcional y seguro.
La problemática evidenciada en el Paradero con Espacio Público se inscribe en una tendencia común de varias ciudades latinoamericanas, marcada por la desconexión entre la planeación urbana y las políticas de gestión social. Especialistas consultados por El Espectador coinciden en que cuando estas obras carecen de estrategias de inclusión para poblaciones vulnerables, así como de mantenimiento y vigilancia articulada entre Estado y comunidad, los espacios públicos renovados pueden transformarse en focos de deterioro y exclusión. La situación impacta además en aspectos económicos y culturales, ya que empleados y usuarios, incluyendo quienes laboran en establecimientos aledaños como el gabinete de libros, ven afectadas sus actividades y su convivencia diaria.
Datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Colombia documentan que este fenómeno no es aislado. La presencia de personas en situación de calle y el consumo de sustancias están asociados al abandono estatal y a fallas estructurales en zonas públicas, lo que incrementa la percepción de inseguridad y afecta la calidad de vida de las comunidades. La falta de respuesta coordinada entre la administración municipal y la Policía, según lo señalado por los reportes periodísticos, dificulta la recuperación de estos espacios, desperdiciando la inversión realizada e intensificando el ciclo de exclusión y deterioro.
Experiencias en ciudades como Medellín y Curitiba evidencian que la combinación de urbanismo participativo, políticas de inclusión social y vigilancia comunitaria puede revertir estos procesos, un enfoque señalado también en informes de la Revista Urbanismo Latinoamericana y la LatAm Journalism Review. Mientras tanto, el caso del PEP en Armenia se erige como llamado de atención sobre la urgencia de integrar infraestructura, gestión institucional y participación ciudadana para garantizar espacios públicos dignos, funcionales y verdaderamente incluyentes.
¿Por qué es importante la coordinación entre diferentes autoridades para la gestión del espacio público?
La coordinación interinstitucional resulta crucial porque permite que las tareas de mantenimiento, seguridad y gestión social no recaigan únicamente en una entidad aislada. Si la alcaldía, la Policía y otras instancias municipales no trabajan de manera articulada, es probable que los problemas persistan y los espacios públicos no funcionen como se espera. Los informes de La Crónica del Quindío destacan precisamente la ausencia de una respuesta integral frente al Paradero con Espacio Público de Armenia, lo cual propicia la continuidad del deterioro y limita los beneficios sociales y económicos del proyecto.
En experiencias referidas por revistas especializadas, la administración conjunta permite adoptar soluciones más efectivas, desde la vigilancia hasta la inclusión social. Este trabajo mancomunado es vital para que la inversión pública produzca resultados sostenibles y para que la comunidad logre apropiarse positivamente de sus espacios urbanos.
¿Qué significa “urbanismo social” y por qué es relevante en este contexto?
El término “urbanismo social” hace referencia a un enfoque en la planeación urbana que prioriza la integración, el bienestar y la participación de todos los grupos sociales, en especial los más vulnerables. Según los expertos consultados por El Espectador, este modelo busca que el desarrollo de obras públicas no se limite a lo físico, sino que incorpore intervenciones sociales como inclusión de habitantes de calle, actividades culturales y consultas a la comunidad.
Este enfoque es relevante para el caso del PEP en Armenia porque, al no incorporar estrategias de urbanismo social, el espacio cayó en el abandono y la degradación. Implementar un urbanismo social fomenta la convivencia, mejora la percepción de seguridad, y contribuye a que la ciudad sea más incluyente y resiliente ante problemáticas estructurales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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