Pero no fue así. Si bien el Centro Democrático ya acumulaba las frustraciones de ver cómo la Corte Constitucional aprobó el proyecto de ley la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sin tener en cuenta sus ajustes y el Congreso eligió como Contralor General de la República a Felipe Córdoba, candidato diferente a José Félix Lafaurie, de la verdadera entraña uribista, esta vez la colectividad que lidera el expresidente se salió con la suya, aunque por un poco menos de 500.000 votos casi sale derrotado.
Y consiguió su propósito después de un sorprendente cambio de discurso frente a la iniciativa promovida por las parlamentarias Claudia López y Angélica Lozano, y respaldada por diferentes sectores de centro y de izquierda. Como se recuerda, antes de que Iván Duque fuera elegido presidente de Colombia el uribismo se mostraba a favor de la iniciativa.
Por ejemplo, en abril pasado, el senador Uribe declaró su apoyo a la consulta anticorrupción porque, dijo, le permitiría al pueblo decidir aspectos claves del Congreso; mientras que la senadora Paloma Valencia, del ala más radical del Centro Democrático, ofreció su apoyo a la consulta, y hasta anunció que su partido haría campaña en las calles por el sí. Y, por supuesto, el entonces candidato Duque dijo durante su campaña en varios medios que la apoyaría.
Pero después de que Duque ganó la Presidencia y se posesionó, el discurso uribista frente a la consulta anticorrupción tomó otro rumbo, lo que —y ahora se ve más claro— empezó a sentenciar la suerte de una iniciativa que pintaba como el único recurso originado en la ciudadanía que podría enfrentar uno de los más graves flagelos —si no el mayor— que padece Colombia y que, en el caso de la corrupción, hace que brote pus en casi todo el cuerpo social (en todas las clases sociales, ya sea en el sector público o el privado).
No acababan de terciarle la banda presidencial a Duque, cuando Uribe dio las primeras señas de cambio de postura frente a la consulta. Primero, en un sonado video de Noticias Uno, quedó registrado lo que dijo a sus copartidarios en una reunión privada en el Congreso: “Menos mal que el Presidente no se metió con eso de la consulta anticorrupción”, dijo Uribe, y arrojó un manto de duda sobre cuál sería verdaderamente la línea que seguiría en nuevo gobierno frente al tema.
De inmediato, el presidente Duque salió a apagar ese incendio que habían provocado las palabras de Uribe: “Mi lucha contra la corrupción es un compromiso. Desde el primer día, le pedí a mi partido, en su momento en el Congreso, que votaran a favor de la consulta anticorrupción. Después, cuando se votó por última vez en el Senado, también lo pedí públicamente. Y el día que gané las elecciones, dije que íbamos a acompañar esa consulta”, dijo.
Pero otro era el sentir del uribismo. Uno de sus más acérrimos alfiles, el senador y presidente del Senado, Ernesto Macías, criticó lo que el Estado se iba a gastar en esa consulta, y aseguró que “no era lo que el país necesita […]. Los anuncios del presidente Duque de tramitar normas es lo que el partido ha dicho que va a apoyar. La consulta es más el nombre y la bulla política que lo que va a ser efectiva”.
Pero, como siempre, las palabras más lapidarias sobre la consulta las pronunció Uribe. Al día siguiente de la posesión de Duque, y tras conocerse el video de su reunión privada, el jefe del Centro Democrático le retiró públicamente su apoyo a la iniciativa.
“Hoy, en la situación jurídica mía, llamado por la Corte Suprema a indagatoria, por los delitos de manipulación y sobornos de testigos, poco le aporto a esa consulta”, dijo Uribe. “Si hay alguna persona que tiene la transparencia y la legitimidad para proponerle a los colombianos una legislación anticorrupción, es el presidente Iván Duque”, añadió, e invitó al nuevo Congreso a tramitar “con agilidad las normas mucho más completas y que tienen toda la legitimidad por la personalidad que las presenta. Voy a ejercer mi derecho que prefiero apoyar esa legislación”.
El mensaje para sus seguidores fue claro. Y, para muchos suspicaces, lo reforzó esta semana al radicar en el Congreso un proyecto de ley para darle facultades al Presidente con el fin de que pueda subir extraordinariamente el salario mínimo en Colombia.
La euforia y el entusiasmo que despertó Uribe entre los millones de colombianos que tienen esa asignación mensual fueron inmediatos, y para los mismos suspicaces, el hecho de que el expresidente radicara su propuesta a escasos tres días de la consulta tenía el propósito de torpedearla. También hay desconfiados que aseguran que las coincidencias no existen.
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