El informe, publicado este martes, dedica comentarios específicos a varios países, y Colombia cuenta con un amplio segmento. Se trata de un compendio de 7 secciones, algunas de las cuales se subdividen en otras subsecciones más detalladas.
Allí, el Departamento de Estado reconoce que la mayoría de violaciones se producen por acción de grupos armados ilegales y bandas narcotraficantes. Entre ellas menciona “asesinatos, extorsiones, secuestros, torturas, trata de personas, atentados, restricciones a la libertad de desplazamiento, violencia sexual, reclutamiento de menores y amenazas contra periodistas, mujeres y defensores de derechos humanos“.
Sin embargo, también enfatiza en los reportes de otro tipo de crímenes que incluyen a agentes del Estado, como ejecuciones, torturas y detenciones ilegales.
“El Gobierno tomó medidas para investigar, juzgar y castigar a los responsables de esos abusos a los derechos humanos, aunque algunos casos siguen experimentando demoras”, comenta el informe.
La primera de las secciones habla de respeto a la integridad personal, y su primer aparte habla de “privación arbitraria de la vida y otros asesinatos ilegales o por motivos políticos”. Allí menciona desde ‘falsos positivos’ hasta muertes por abuso de autoridad como la de Javier Ordóñez, mientras que al hablar de torturas menciona las acciones para pacificar motines carcelarios durante 2020.
Aunque niega haber encontrado casos de desapariciones forzadas que involucren al Estado, sí menciona denuncias de detenciones arbitrarias de líderes sociales o estudiantiles. Por ejemplo, advierte que algunos defensores de derechos humanos han sido imputados por cargos de “conspiración, rebelión o terrorismo”, situación que menciona luego de decir que el Gobierno asegura no tener presos políticos.
Otro aparte menciona las interceptaciones ilegales a civiles, como periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. En cuanto a libertad de expresión, menciona múltiples denuncias de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y las quejas por el trato de agentes de Policía a manifestaciones estudiantiles.
Al pasar a hablar del conflicto interno, no solo reprocha el accionar de grupos armados, sino que también habla de las acusaciones de ejecuciones por parte del Ejército, el creciente desplazamiento por la violencia, el reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de guerrillas y las acusaciones de incumplimiento a los acuerdos de paz por parte de algunos desmovilizados de las Farc, lo que alimenta el crecimiento de acciones violentas de disidencias.
Entre otras secciones, el Departamento de Estado resalta la crudeza del fenómeno de migración de venezolanos en el país, el impacto de la corrupción en el país incluso durante la pandemia y las continuas amenazas a todo tipo de personas.
Un aparte especialmente amplio se lo dedica a la violación a los derechos de las mujeres y los niños, así como algunos casos de discriminación a minorías y las condiciones de desigualdad que enfrentan.
El informe trata de evitar emitir juicios sobre los fenómenos que denuncia. Tampoco incluye conclusiones, pero no evita contrastar algunas de las denuncias que menciona con las explicaciones del Gobierno, mostrando que en muchas no se corresponden y resulta evidente que hay una desconexión de la narrativa oficial con la de diferentes sectores.
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