Noticias Uno recorrió algunos refugios entre los municipios antioqueños de Valdivia y Tarazá, en donde familias dañificadas por la emergencia de la hidroeléctrica esperan por las ayudas prometidas por el Gobierno.
Sin embargo, ese noticiero evidenció que las condiciones humanitarias tienden a ser precarias precisamente porque esa comunidad se encuentra en el epicentro de una antigua disputa territorial entre bandas de narcotraficantes.
Darío Tapias es un campesino que denunció abiertamente a los hombres del Clan del Golfo de imponer una ley del terror a quien intente cruzar las fronteras invisibles entre las dos poblaciones vecinas.
”Aquí no nos están permitiendo pasar de algunos corregimientos a la cabecera municipal de Tarazá y los de allá tampoco pueden llegar a nuestros corregimientos”, dijo Tapias a ese medio.
Otra fuente, que no fue identificada por Noticias Uno, confirmó la denuncia de Tapias y agregó que “no se puede pasar, porque el que se pase de acá para allá lo pelan y el que venga de allá para acá también lo joden”.
Incluso, autoridades municipales reconocen la presencia de estructuras de la guerrilla del Eln en la región así como grupos residuales del paramilitarismo y que fueron identificados como los de La Empresa y Los Caparrapos.
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No obstante, para el general Alberto Sepúlveda, comandante de la Séptima División del Ejército, esas denuncias son falsas, que hay control absoluto del Estado y para demostrarlo afirma que no hay un solo muerto confirmado por causas relacionadas con el desplazamiento de personas.
“Yo no quiero minimizar la problemática en la región porque es una región con narcotráfico, es una región con minería ilegal (…). Muéstreme un solo muerto de 13.000 que estén picando o matando por ser desplazado, eso no es cierto”, enfatizó el oficial a Noticias Uno.
Vea el informe de Noticias Uno:
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