Una serie de homicidios, desplazamientos, secuestros y confinamientos situaron, en el 2022, al departamento de Arauca como una de las zonas más violentas del país. La Defensoría del Pueblo registró 352 muertes asociadas con el conflicto en lo que va del año, con un promedio de uno por día. Por municipio, Saravena lideró el listado en donde más asesinatos se registraron con 119 homicidios, seguido de Tame con 82, Arauquita con 51, Arauca con 48, Fortul con 46, Puerto Rondón con cinco y Cravo Norte con uno.
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La situación de seguridad en esa zona del país se viene agudizando desde el 2021, cuando aumentaron las masacres y desplazamientos, pese a los esfuerzos militares por reforzar la seguridad. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señaló que la crítica situación de Derechos Humanos y de orden público obedece a la disputa por el control del territorio y el negocio del narcotráfico entre los grupos armados ilegales, vulnerando a la población la posibilidad de llevar una vida normal.
Este año, un total de 24.109 personas han sido víctimas del conflicto en ese departamento, de las cuales 19.081 sufrieron desplazamiento forzado. En esta región, asimismo, durante 2022, la Defensoría reportó 81 casos de secuestros y desapariciones, 35 confinamientos de comunidades de Arauquita, Tame y Puerto Rondón, más cuatro desplazamientos masivos, todos ocurridos en Tame (Arauca).
El panorama del departamento era crítico desde enero del presente año, debido a las disputas por el control territorial entre el Eln y las disidencias de las Farc. El año empezó con una escalada violenta que dejó un total de 27 personas muertas, tan solo en el primer mes. El Ministerio de Defensa, en su momento, sostuvo que las muertes ocurrieron en medio de enfrentamientos por el control de finanzas ilícitas. La Fiscalía precisó que cuerpos tenían heridas por arma de fuego a corta distancia, en la modalidad de sicariato, por lo que descartó combates.
En medio de lo ocurrido, la Defensoría indicó que se realizaron nueve misiones humanitarias que condujeron a la libertad de 26 personas que estaban en poder de los grupos armados ilegales. De esas liberaciones, 10 son civiles, ocho son militares, un suboficial de la armada y siete menores de edad. Camargo instó “a los grupos armados ilegales a que ofrezcan gestos de paz que permitan el avance de los diálogos que viene impulsando el Gobierno Nacional y a que dejen por fuera del conflicto armado a la población civil y particularmente a los menores de edad”.
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