“Me parece desproporcionado que le pidamos, 25 años después, a la vicepresidenta que responda por un hecho que ya pasó, que se superó, que fue doloroso”, indicó la alcaldesa a Semana. “Si bien era un tema que no se sabía, tampoco veo por qué era que tenía que saberse. No creo que fuera un secreto tampoco”, agregó.

Luego, López puntualizó en que las críticas deben centrarse en el ahora, y en ella, y no en algo que pasó hace tanto tiempo: “No creo que un hecho de hace 25 años determine o descalifique lo que está haciendo hoy. Juzguémosla por las decisiones que está tomando hoy, sobre los temas que tiene a cargo, que dependen de ella”, concluyó.

No obstante, el tema fue ampliamente discutido en redes sociales durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, dejando entrever que no hay acuerdo al respecto incluso entre los opositores al Gobierno y otros que suelen ser bastante críticos.

Por ejemplo, la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, también coincidió en que no se puede juzgar a la vicepresidenta por actos de su hermano, pero sí cree que “es responsable por omitir, ocultar o minimizar información tan sensible en un país donde la tarea principal pública es la lucha contra las drogas”.

Y es que esa omisión es lo que critica la mayoría de quienes no creen que Ramírez pueda evitar tomar alguna responsabilidad sobre los hechos, tal como le comentó la periodista Diana Calderón al profesor Rodrigo Uprimny.

Otros hablaron incluso del doble discurso según el cual se habla de un flagelo cuando pasa en una familia como la de Ramírez y se cae con todo el peso de la ley y de la crítica cuando se trata de personas del común:

Del otro lado, como era de esperarse, funcionarios del Gobierno se pusieron del lado de la vicepresidenta. El asesor de comunicaciones de la presidencia, Hassan Nassar, habló incluso de una “estrategia sucia que busca acabar con la dignidad de las personas a cualquier precio”.