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El exsenador y excandidato presidencial David Luna denunció públicamente el 14 de enero, a través de sus redes sociales, el presunto desacato judicial por parte del Gobierno encabezado por Gustavo Petro. Según lo expuesto por Luna, tanto la Presidencia como el Ministerio de Defensa habrían incumplido una orden judicial que exigía entregar información detallada sobre la adquisición de 17 aviones de combate modelos Gripen, operación cifrada en 16,5 billones de pesos. Esta exigencia surgió a raíz de un fallo del Juzgado 29 Administrativo de Oralidad de Bogotá, notificado oficialmente el 16 de diciembre de 2025, que instruyó a las entidades responsables proporcionar, en un plazo de cinco días, detalles completos del contrato, tales como costos, anexos y análisis técnicos vinculados a la transacción.
Luna, en su pronunciamiento en la red social X, compartió el documento de la decisión judicial y recalcó que, a casi un mes de dicha notificación, las autoridades involucradas no han cumplido el mandato. En ese contexto, criticó la postura oficial del Gobierno, que invoca una “reserva legal” para no revelar la información, argumentando que se pone en juego la transparencia sobre el uso de recursos públicos y señalando los posibles riesgos que implica que la administración evade sus obligaciones legales. De manera formal, el exsenador solicitó a las autoridades judiciales que declaren el desacato por parte del Ejecutivo ante el incumplimiento persistente.
El contrato en cuestión fue suscrito en noviembre de 2025 e involucra la compra de 15 aviones monoplaza Gripen E, además de dos biplaza F, ambos fabricados en Suecia. El acuerdo estima la entrega escalonada de los equipos, prevista entre 2027 y 2032, e incluye, además de las aeronaves, equipo bélico complementario, software especializado, radares, un centro de simulación, repuestos, capacitación para pilotos y técnicos y componentes de transferencia tecnológica.
Según la información suministrada en el propio contrato, este último aspecto prevé beneficios sociales asociados, tales como proyectos de energía renovable, tratamiento de agua, salud y ciberseguridad. Con esta adquisición, se pretende reemplazar la antigua flota Kfir, que ha excedido los 30 años en funcionamiento, y propiciar una modernización estratégica de la Fuerza Aérea.
No obstante, la operación ha despertado intensos cuestionamientos políticos y sociales. Organismos de control, como la Contraloría General de la República, solicitaron acceso a los documentos para garantizar que se respeten los principios de transparencia. Entre los años 2011 y 2025, el Gobierno colombiano analizó diversas alternativas para la renovación de su flota, incluyendo aviones F-16, Rafale, Eurofighter Typhoon y J-10CE. Finalmente, se optó por los Gripen, argumentando menores costos de inversión y operación, capacidad para operar desde pistas cortas y la obtención de beneficios sociales y financieros ofrecidos por Suecia.
El Ministerio de Defensa ha explicado que la hora de vuelo del Gripen tiene un costo de 8.500 dólares, frente a los 12.000 dólares del F-16 y los 28.000 dólares del Rafale. Además, el diseño de estos aviones permite realizar actualizaciones de software sin necesidad de cambiar el hardware, lo cual brinda flexibilidad para adaptar la flota ante nuevas exigencias.
Pese a estos argumentos, se han levantado voces críticas, especialmente desde sectores oficialistas que históricamente han rechazado este tipo de adquisiciones militares. Por ejemplo, el congresista Iván Cepeda se ha manifestado repetidamente en contra de la compra de “máquinas de guerra”, al considerar que esos recursos debieran priorizarse en áreas como la educación y la salud pública. Así las cosas, el desenlace de esta controversia dependerá de la reacción del Gobierno nacional y de la decisión judicial frente al eventual desacato.
¿Por qué el Gobierno puede apelar a la figura de “reserva legal” para no entregar información sobre contratos de defensa? La figura de “reserva legal” es citada por el Gobierno colombiano como argumento para abstenerse de revelar detalles de ciertos contratos o decisiones, particularmente en asuntos de defensa y seguridad nacional. Según lo planteado en el actual debate, la administración de Gustavo Petro utiliza esta prerrogativa para mantener bajo confidencialidad la información relativa a la adquisición de los aviones Gripen, argumentando que difundir datos sensibles pondría en riesgo intereses estratégicos y de seguridad del Estado.
Esta situación ha provocado dudas y tensiones, pues desde diferentes sectores, incluido el exsenador David Luna y organismos de control como la Contraloría, se exige que prevalezcan los principios de transparencia en el uso de recursos públicos. El debate sobre la “reserva legal” confronta cuestiones de seguridad nacional con el derecho ciudadano a conocer cómo se ejecutan los recursos del Estado, especialmente en contratos de gran valor. La resolución de este dilema marcará un precedente en la gestión de la información pública en Colombia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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