En el espacio diario que tiene en W Radio para dar su opinión sobre diferentes temas de actualidad, este miércoles Daniel Coronell eligió hablar sobre el caso de la jueza, que tuvo un incidente durante una audiencia virtual.

El periodista destacó que lo que le sucedió a la togada fue que “se le encendió la cámara y los intervinientes pudieron ver parte de su pierna y que, además, se estaba fumando un cigarrillo“.

Sin embargo, Coronell entró más detalles de cómo llegó el caso a investigación y fue a través de un documento que presentaron dos hombres que estaban en la audiencia: el delegado de la Procuraduría, el Hader Ramírez; y el abogado Luis Alberto Rodríguez. Ambos consideraron que se irrespetó la representación de la justicia.

A ese texto se le sumó el de la presidenta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca, Diana María Vélez, que recogió los titulares de varios medios de comunicación que reseñaron el hecho, luego de que el video se viralizara, y los acompañó con comentarios en redes sociales que pedían castigarla.

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Ante la avalancha de quejas, quedaron encargados dos magistrados: Calixto Cortés Prieto y Sady Enrique Rodríguez Santander. Los dos rápidamente decidieron abrir un proceso y suspenderla provisionalmente.

La sanción dicta que la jueza Polanía no puede recibir salario mientras esté apartada de sus funciones. Esto, dice Coronell, en un tono crítico, “para prevenir que se le ocurra dejar ver algo más de su piel transgresora, tan ominosa para la moral judicial”.

Y agrega: “De manera rápida, y a lo macho, se procedió a la lapidación de la pecadora que cometió la terrible falta de no vestir la negra toga de la cabeza a los pies mientras atendía una audiencia virtual”.

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El periodista destaca eso porque le parece desproporcionado si se compara con que “un magistrado cuestionado repetidamente por corrupción sigue administrando justicia a nombre de la República de Colombia”.

Se trata de Jorge Eliécer Mola Capera, quien ha sido señalado de cometer prevaricato en varias ocasiones y, dice la Fiscalía, ha faltado a su labor “al proferir decisiones manifiestamente contrarias a la ley, con el fin de favorecer los intereses particulares de algunos miembros de la familia Acosta Bendeck”, interesados en apoderarse de la Fundación propietaria del Hospital y la Universidad de Barranquilla. Sumado a eso, cuando tomó esas decisiones, su patrimonio “aumentó injustificadamente”.

Coronell cita apartes en los que la Fiscalía señala que tiene la evidencia suficiente para “inferir que el doctor Jorge Eliécer Mola Capera, se enriqueció injustificadamente en una suma de 1.350.386.908 de pesos entre los años 2011 a 2019, aprovechándose entre otras de su condición de servidor público al ostentar el cargo de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, utilizando además a su núcleo familiar para sus fines marginales”.

El magistrado no solo “sigue libre y ejerciendo”, sino que este mismo miércoles enfrentó una audiencia de imputación “por torcer una tutela para favorecer otra vez a la familia Acosta en el pleito de la Universidad Metropolitana”; caso que ha tenido otros involucrados como Eduardo Pulgar.

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Por todo ello, el periodista criticó que Mola Capera “sigue vistiendo sin apremio la toga que tapa sus vergüenzas”, pero la jueza sí fue ‘crucificada’ “por su pecado de semidesnudez” y sin ser escuchada y cierra con una contundente frase:

“Somos más duros con la presunta pecadora que con el presunto delincuente”.

Otros detalles en el audio de su columna en W Radio:

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