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La crisis que atraviesan los defensores públicos del país se ha visto intensificada en las últimas semanas debido al retraso en el pago de honorarios y el déficit presupuestal. Según indicó la Defensoría del Pueblo a través del Sindicato Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo (Sinecodep), más de 4.200 defensores y contratistas permanecen sin recibir sus pagos. Esta situación fue expuesta mediante un comunicado en el que Sinecodep manifestó la gravedad de la problemática y anunció el cese de actividades para el martes 20 de enero, como acción de protesta y exigencia de soluciones inmediatas.
De acuerdo con declaraciones de funcionarios citados por Caracol Radio, el origen de la crisis radica en el Ministerio de Hacienda, que no expidió a tiempo el Plan Anual Mensualizado de Caja correspondiente al mes de diciembre. Pese a las solicitudes realizadas por la Defensoría, la demora en este trámite afectó directamente la estabilidad económica de los defensores públicos. Esta situación no solo compromete la subsistencia de los empleados y sus familias, sino que también pone en riesgo la garantía de acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la sociedad.
En palabras del sindicato recogidas por Caracol Radio, el no pago de los honorarios representa un deterioro de los derechos fundamentales de quienes trabajan por la justicia en el país: “Son trabajadoras y trabajadores que hoy enfrentan endeudamiento, precariedad económica, afectación directa a sus familias y una lucha diaria por la subsistencia”. Como parte de las acciones de protesta, además del cese de actividades, los defensores han convocado movilizaciones en ciudades principales como Bogotá, Barranquilla y Medellín. Entre sus principales exigencias se encuentran el pago inmediato de los honorarios pendientes y un incremento salarial para el año 2026.
El cese de actividades recibió el respaldo de los Jueces Penales del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, quienes reconocieron la importancia del rol de los defensores públicos dentro del sistema penal. En un comunicado, los jueces enfatizaron que las condiciones laborales y profesionales del personal se han visto relegadas y deterioradas, especialmente desde que dejaron de percibir honorarios acordes con la relevancia de sus funciones.
Los jueces insistieron en la necesidad de brindar garantías dignas tanto para los defensores como para el correcto funcionamiento de la justicia en el país. Manifestaron que resulta incoherente hablar de derechos y garantías si quienes deben protegerlos están siendo afectados y vulnerados en sus condiciones básicas. Esta solidaridad resalta la magnitud del problema y la urgencia de buscar soluciones estructurales para la sostenibilidad del servicio público de defensa judicial.
¿Por qué es fundamental garantizar condiciones laborales dignas a los defensores públicos?
Los defensores públicos son piezas clave para asegurar el acceso igualitario a la justicia, especialmente para las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Garantizarles condiciones laborales adecuadas impacta directamente en la eficacia y el alcance de los servicios de defensa judicial. Si su estabilidad se ve comprometida, se afecta la protección de derechos fundamentales y la confianza en el sistema judicial.
Además, la falta de pagos y la precarización del empleo generan no solo un descontento en el sector, sino que pueden desencadenar problemas mayores como la desmotivación, el ausentismo y la disminución del acceso a la justicia para quienes más lo necesitan. Este contexto explica la relevancia y urgencia de responder a las demandas del gremio.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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