El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las a...
La controversia sobre la financiación de la consulta del Pacto Histórico en octubre, específicamente de la campaña de Iván Cepeda, ha estado marcada por diferentes versiones acerca del origen de los $725 millones de pesos reportados en documentos oficiales como una donación. De acuerdo con los registros, $609 millones provinieron de Samat Publicidad, una empresa de Barranquilla, y $116 millones de Javier Pérez, propietario de dicha firma, enlistados como aportes individuales. No obstante, Javier Pérez desmintió que se tratara de una donación y explicó a EL COLOMBIANO que el monto corresponde a un servicio brindado por su empresa, dedicada a productos de litografía.
En medio de la polémica, aparece un tercer relato: Saúl Garzón, quien ejerció la gerencia de la campaña, asegura que el dinero realmente provino de un crédito. Garzón, de formación ingeniero químico de la Universidad Nacional, fue el responsable de firmar los reportes financieros entregados a Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE), los cuales fueron citados por el periodista Melquisedec Torres. Garzón sostiene que la operación fue totalmente transparente y que los fondos corresponden a créditos “a pagar por la reposición”, pues el servicio de impresión fue brindado bajo la promesa de cancelar la deuda cuando la campaña recibiera la devolución por votos obtenidos.
El ingeniero defiende que no hubo ninguna donación ni aporte irregular, y atribuye la confusión a una lectura parcial del formulario electoral, que —según él— incluía donaciones, contribuciones y créditos, lo cual justificaría el registro de la obligación. Garzón insiste en que lo consignado en los formularios representa “una obligación pendiente y no un ingreso en efectivo”, y niega que se haya recibido dinero en ese sentido. Sin embargo, frente a los registros que muestran los aportes como donaciones, Garzón argumenta: “Si fuera una donación entonces no estaría en cuentas por pagar”.
La diferencia entre las versiones de Garzón y Pérez revela un trasfondo más complejo. Por un lado, la campaña sostiene que actúa bajo estrictos parámetros de austeridad y transparencia. Por el otro, el empresario gráfico, aún sin haber recibido el pago de su servicio, expone la situación financiera asfixiante que atraviesa por el impago de la campaña. Esto pone en evidencia las implicaciones que los modelos de financiación política pueden tener sobre las pequeñas y medianas empresas proveedoras.
Las dudas sobre la naturaleza del registro aumentan cuando se revisa el formulario citado por Saúl Garzón. Contrario a su versión, el documento oficial del CNE refiere únicamente a “Relación de contribuciones o donaciones de los particulares”, sin mencionar créditos entre las categorías posibles. Así, la interpretación del reporte financiero hasta el momento no logra aclarar si la operación responde a una deuda legítima, un aporte o una donación encubierta.
Saúl Garzón, además, cuenta con una amplia experiencia en el sector público y privado, destacándose por trabajos en planeación y coordinación de proyectos enfocados en intervención social y fortalecimiento productivo. Durante los últimos años, su hoja de vida lo muestra vinculado a distintas entidades estatales y ONGs en labores de consultoría y planeación, así como a firmas privadas en la coordinación estratégica de programas a nivel local y regional.
En investigaciones periodísticas previas, como las realizadas por el portal Cuestión Pública, Saúl Garzón fue mencionado por presuntos vínculos con campañas políticas y entidades afines al entorno del senador Iván Cepeda, especialmente en cargos gerenciales y asociativos. Garzón reconoce haber ejercido funciones en organizaciones sin ánimo de lucro, pero afirma que actualmente actúa solo como asesor independiente y que no forma parte de ninguna empresa o estructura organizativa. Según sus declaraciones, tampoco tiene vínculos actuales con la campaña de Cepeda.
Esta dualidad en las versiones y las contradicciones en la documentación oficial refuerzan la necesidad de esclarecer, con mayor rigor y transparencia, los mecanismos y condiciones de la financiación electoral para evitar tanto irregularidades administrativas como consecuencias negativas para los pequeños proveedores involucrados en campañas.
¿Cómo afecta la falta de claridad en los reportes de financiación a la confianza pública hacia las campañas políticas? La relevancia de esta pregunta radica en el impacto que la opacidad o ambigüedad en la gestión de recursos puede tener sobre la percepción ciudadana acerca de la legitimidad y transparencia del proceso democrático. Reportar fondos de manera inexacta, ya sea por errores de interpretación administrativa, registros confusos o divergencias entre lo que declaran los protagonistas, puede debilitar la confianza en los candidatos y las instituciones encargadas de la vigilancia electoral.
El caso expuesto, revelado en su momento por medios reconocidos y sustentado en testimonios directos de quienes participaron en la campaña, evidencia cómo la ausencia de reglas claras y la discordancia entre la documentación y la realidad pueden dejar sin protección no solo a quienes aportan recursos o servicios, sino también al electorado, que merece transparencia absoluta respecto a los fondos y apoyos que sustentan las actividades políticas del país.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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