El escolta y conductor del alcalde de Río de Oro, Cesar, Juan Carlos Oliveros Almenares y Jhon Isnardo Cortés Jácome, respectivamente, fueron enviados a prisión por presuntamente ser responsable del crimen de Kisly Gómez, ocurrido el pasado 9 de septiembre, en el marco de las fiestas patronales de ese municipio.
La medida surgió la tarde de este lunes por un juzgado de control de garantías de Ocaña en la culminación de las audiencias preliminares.
(Lea acá: Mujer acusa a alcalde de propiciar la muerte de su hija: “Dispararon sus escoltas”)
Los procesados deberán responder por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales, imputados por la Fiscalía local URI de Ocaña.
Junto a ellos fue judicializado por los mismos delitos Darío Santana Rincón, quien es hermano del mandatario, pero fue dejado en libertad porque en su contra no impusieron una medida de aseguramiento.
Aunque todos se declararon inocentes de los cargos, en su contra existen elementos materiales probatorios, entre ellos, las declaraciones de los testigos de los hechos.
Uno de estos aseguró que observó al escolta Juan Carlos Oliveros disparando de manera indiscriminada hacia la esquina donde cayó muerta Kisly Gómez por un disparo en la cabeza.
(Vea acá: Crimen Kisly Gómez: judicializan a conductor, escolta y hermano de alcalde en Cesar)
Mientras que otros aseguraron que también observaron disparando a Jhon Isnardo Cortés, justo minutos después que estuviera cerca de la plaza principal del pueblo con el alcalde y los demás.
No obstante, el arma que utilizó Juan Carlos Oliveros fue presuntamente la de uso personal del alcalde de Río de Oro, José Helí Santana Rincón.
Así lo habría manifestado Oliveros a la hora de ser capturado con los demás cuando iba en un vehículo en una vía que conduce a Ocaña.
Este proceso penal podría ser traslado a Bogotá por petición del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien se comprometió a realizar la petición ante la Corte Suprema de Justicia.
La determinación se dio en respuesta a una intervención de la congresista Catherine Juvinao, quien aseguró que había riesgo de obstrucción a la justicia.
“En Río de Oro hay una operación silencio de las autoridades y saben por qué, porque los delegados de la Procuraduría, de la Defensoría y de Personería son cuotas de congresistas que no tienen idea de Derechos Humanos, que no les importa la justicia ni la población (…) Le quiero solicitar respetuosamente desde Bogotá el caso de Kisly Gómez, porque ya sabemos que allá nada va a pasar”, dijo Juvinao.
La Asociación de Personeros, por su parte, rechazó los señalamientos realizados por la representante a la Cámara e indicó que el crimen no debe ser usado para arremeter contra las instituciones.
“No puede ser usado para infundir un discurso de odio contra las instituciones para injuriar a una personera y pretender una difamación sistemática a la que recurre la representante a la Cámara, demostrando su desconocimiento en la constitución y la ley, debido a que la competencia frente a las conductas punibles es del resorte de la Fiscalía General de la Nación, y que la competencia frente a conductas disciplinables del alcalde de un municipio es de la Procuraduría General de la Nación, desconocimiento que nos preocupa debido a que la conduce al yerro y al señalamiento vilipendioso sin fundamento”, indicó la Asociación.
LO ÚLTIMO
.svg)
