La solicitud la hizo Robledo al intervenir en la XI Asamblea del Grupo de Parlamentarios para la Acción Global por la Paz, en la que participaron el fiscal adjunto de la Corte, James Steward, y la asesora especial en Género de la misma, Patricia Viseur Sellers.

“Mi solicitud a la CPI está dirigida, no solo para que Colombia siga siendo un país observado, sino para que ojalá puedan realizar una recomendación a los integrantes de las Fuerzas Militares en Colombia, en virtud de su presunta responsabilidad en casos de violencia sexual, que tienen un alto grado de impunidad”, dijo Robledo.

Igualmente, la excandidata a la Vicepresidencia pidió a la CPI que “extienda al Estado colombiano, una solicitud de información, con el fin de examinar en detalle la situación de crímenes cometidos por todos los actores del conflicto armado, especialmente por las fuerzas de seguridad del Estado, de tal manera que se pueda tener un análisis independiente e imparcial“.

Ejército, acusado de violencia sexual en Colombia

Desde principios de este año ha habido acusaciones contra miembros del Ejército por abuso sexual, como la violación de una niña de 12 años del pueblo indígena embera-chamí por siete militares del Batallón de Artillería San Mateo en el departamento de Risaralda.

En medio de ese escándalo también se conoció que dos soldados presuntamente secuestraron y violaron a una niña de 15 años de la tribu nómada nukak makú en septiembre del año pasado en el selvático departamento del Guaviare.

Además, la Armada de Colombia informó el pasado 9 de julio que un grupo de infantes de Marina es investigado por la Fiscalía por un posible caso de abuso sexual contra una mujer en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador.

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Informe sobre la violencia contra la mujer

La congresista adjuntó a la carta enviada a la CPI un informe actualizado que contiene algunas de las afectaciones sistemáticas que sufren las mujeres, jóvenes y niñas a partir de las distintas formas de violencia en Colombia.

El documento fue realizado por Robledo y la senadora Aida Avella, de la Unión Patriótica, y presentado en septiembre pasado a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, Dubravka Simonovic.

En lo corrido de este año, según cifras del Instituto de Medicina Legal, de los 7.544 exámenes médicos legales realizados por presunto delito sexual, 16 de los casos pertenecen a la Fuerza Pública.

La PGA, de la que hace parte Robledo que milita en el movimiento Colombia Humana, es la red internacional, no gubernamental y multipartidista de legisladores que tiene más de 1.200 miembros de 138 parlamentos de todo el mundo.

El organismo moviliza a los parlamentarios como defensores comprometidos con la promoción del Estado de Derecho, la democracia, la seguridad humana, la inclusión y la igualdad de género