Así lo aseguró la Cancillería en un comunicado en el que asegura que, mediante una decisión adoptada el 22 de julio, “una Sala de la Corte Penal Internacional (CPI), dejó en firme la decisión adoptada por el fiscal de ese organismo, Karim Khan, el 28 de octubre de 2021, en el sentido de cerrar el Examen Preliminar sobre la situación en Colombia que llevaba abierto desde 2004″.
El documento explicó que la sala de cuestiones preliminares I de la CPI estudió una solicitud presentada por la Federación Internacional de Derechos Humanos(FIDH) y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), pero no accedió a sus pretensiones.
Los solicitantes pretendían, dice la Cancillería, que la Corte “reversara la decisión tomada por el fiscal Khan y, en forma alternativa, que revisara judicialmente los fundamentos invocados por el Fiscal para cerrar dicho Examen Preliminar”.
La sala concluyó que no tenía la facultad de revisar una decisión discrecional del Fiscal, como la de “cerrar un examen preliminar abierto en un caso en el cual no ha habido remisión por otro Estado Parte ni por el Consejo de Seguridad”, añadió la Cancillería colombiana.
Además de rechazar la solicitud, la sala precisó que, en aplicación de normas específicas del Estatuto y del Reglamento, la Fiscalía “debe siempre informar a los interesados sobre las razones que lo llevaron a tomar cualquier decisión sobre el cierre del examen preliminar”.
La decisión de la CPI de cerrar la investigación sobre Colombia por crímenes de lesa humanidad la comunicó en octubre del año pasado en una visita que hizo el fiscal Khan a Colombia.
Khan cerró así el examen preliminar que más tiempo lleva abierto en la CPI, desde 2004, y que involucra crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el Ejército, la extinta guerrilla de las Farc y grupos paramilitares desde 2009 (los primeros) y 2002 (los de lesa humanidad).
Para oficializar el compromiso, el fiscal Khan firmó un acuerdo de cooperación con el presidente Iván Duque, que reconoce la voluntad de Colombia y de sus instituciones de “administrar genuinamente justicia”.
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Ese documento destaca el compromiso del Gobierno de seguir garantizando el buen funcionamiento tanto de la justicia ordinaria como de la transicional, producto del acuerdo de paz, para la restitución de cuentas y darles justicia a las víctimas del conflicto.
En el acuerdo, el Gobierno colombiano se comprometió a “asegurar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo”.
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