“Aquí se siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos, aquí se siguen cometiendo delitos de lesa humanidad y aquí estamos nosotros. Somos las voces de nuestros hijos“, dijo a la prensa durante una pequeña protesta en Caracas Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, joven que murió en una manifestación en 2017 al ser impactado en el pecho por una bomba lacrimógena.
Familiares de fallecidos en manifestaciones y opositores en prisión acudieron junto a activistas a la sede de la Defensoría del Pueblo para pedir que “a partir del mecanismo de cooperación entre el Estado venezolano y la Corte Penal Internacional sean escuchadas las víctimas“, según Manuel Virgüez, director de la ONG Movimiento Vinotinto.
El británico Karim Khan, que llegó a Venezuela el domingo, fue recibido el lunes por la cabeza del régimen, Nicolás Maduro. El fiscal de la CPI llegó a Venezuela procedente de Colombia, país al que le archivó una investigación.
La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió en 2018 una investigación preliminar por supuestos abusos de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, especialmente por la represión de protestas en 2017, que dejó cerca de un centenar de muertos. La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, afirmó que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad.
“Si en esta visita no pueden ser escuchadas las víctimas por parte del fiscal, [solicitamos] que en este mecanismo de cooperación se establezca una mesa técnica y puedan intervenir los afectados“, agregó Virgüez.
El lunes, Margareth Baduel, hija del general Raúl Baduel, un viejo aliado del expresidente Hugo Chávez que murió el mes pasado en prisión, pidió ser recibida por Khan a través de un video que divulgó en redes sociales.
“Somos una de los cientos de víctimas y familias que hemos sido sometidos a crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos”, expresó.
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La justicia venezolana ha imputado y condenado a efectivos del orden público por muertes durante las protestas de 2017, aunque sus críticos consideran que estas acciones se tomaron únicamente para evitar un proceso en la CPI.
Por el caso de Pernalete, por ejemplo, fueron imputados 12 agentes militares de la Guardia Nacional.
La agenda de la visita de Khan, que se extiende hasta este miércoles 3 de noviembre, no ha sido divulgada. Su oficina adelantó que Khan sostendría reuniones con “las autoridades, el poder judicial y representantes del cuerpo diplomático, así como con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales”.
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