A estas personas se les pagan 138.600 millones de pesos anuales; cada representante y senador tienen derecho a conformar un equipo de 10 personas y disponen de 50 salarios mínimos al mes para contratarlos, indicó El Tiempo.

En los últimos meses, el Ministerio Público empezó a prestarle atención a esto luego de que se descubriera que varios de estos trabajadores terminen envueltos en escándalos de corrupción.

Recientemente el órgano de control decidió suspender durante 90 días al representante Hernán Estupiñán “por conductas que van desde pedirle a un asesor donar parte de su sueldo a terceros hasta asignarles labores fuera del Congreso”, incluso en las regiones, muy lejos del Capitolio, puntualizó el diario.

Ese medio asegura que a muchos de estos integrantes de las UTL nadie los conoce y “solo aparecen en los listados de nómina” y eso fue lo que motivó la alerta del procurador, Fernando Carrillo.

El funcionario envió una carta a Ernesto Macías y Carlos Chacón, presidentes de las dos corporaciones, para que presten atención a este aspecto que demuestra vacíos en las leyes del Congreso.

En el texto, el procurador pidió terminar con “cualquier forma de aprovechamiento o utilización del personal y de los recursos públicos para la realización de actividades diferentes a la amplia gestión misional del honorable Congreso”.

Carrillo también pidió que las actividades que cumplan estas personas en las diferentes ciudades del país deben estar documentadas y deben ser supervisadas, porque, según El Tiempo, “poderosos congresistas tienen ‘trabajando en sus UTL’ hasta a madres de sus aliados políticos”.

Pero la advertencia del jefe del Ministerio Público no cayó bien en el Congreso, pues el diario asegura que varios parlamentarios “preparan una embestida” para defender a sus UTL.