“En esa dirección solo hay talleres de reparación de motocicletas”, aseguró la emisora, y dijo que la empresa beneficiada se llama Bon Sante S.A.S. y que está ubicada en la calle 72 con carrera 20C-46, según registro de Cámara y Comercio.
Esta empresa obtuvo tres contratos de la Fiscalía para la distribución de 290.000 tapabocas, y la emisora llama la atención sobre que el primero de ellos se firmó el 17 de marzo de 2020, cuando apenas empezaba la emergencia por la COVID-19.
“Ese día se declaró la urgencia manifiesta, ese mismo día se hizo el estudio de la necesidad y ese mismo día se firmó el contrato, según la Fiscalía, porque las empresas estaban autorizadas por el Invima para vender tapabocas e insumos de bioseguridad”, dice la frecuencia.
Ese acuerdo fue por “121.380.000 pesos para adquirir 60.000 tapabocas”, y luego vino otro por “valor de 415.950.000 pesos para la adquisición de 180.000 tapabocas”. Y uno más, del 15 de mayo, “por 87.241.140 pesos para 50.000 tapabocas y alcohol”. La firma del contrato lo hace Marcela María Yepez Gómez, esposa del contralor.
Pero Caracol Radio dice que lo cuestionado aquí es que la empresa firmante tenía como objeto comercializar cosméticos y productos nutricionales, y que precisamente el pasado 3 de julio renovó su matrícula mercantil y amplió sus actividades comerciales para poder distribuir productos farmacéuticos y medicinales al por mayor.
Un dato más, dice: que este contratista obtuvo el permiso para importar tapabocas hasta el 26 de mayo.
La emisora también mostró documentos de un contrato que firmó la Contraloría con la misma empresa, el 16 de abril, para adquirir productos de protección personal para contener los contagios del virus durante tres meses, “por un valor de 722.152.928 pesos”, aunque en el documento “no dice qué se contrató, no dice qué elementos se adquirieron”.
Al hacer una búsqueda en las redes sociales de la empresa, se encuentra que ofrecen productos de belleza, proteínas y “cosméticos inteligentes” para el cuidado de la piel, pero no se encuentran elementos de bioseguridad para el coronavirus.
Fue por eso que la emisora consultó a los dos organismos y la respuesta que encontró, en Fiscalía, fue que “no hay irregularidades en esos contratos, todo se hizo bajo la ley” y a través de Colombia Compra Eficiente. En la Contraloría “dijeron que para ese contrato se hicieron estudios previos y bajo las normas de contratación”.
A esta denuncia se sumaron los periodistas Juan Fraile, de Caracol, y Ángel Ocampo, de RCN Radio, a quienes también les llamó la atención la empresa que contrataron Fiscalía y Contraloría, que se han mostrado muy unidas a la hora de investigar contratos en alcaldías y gobernaciones en medio de la pandemia.
La Fiscalía emitió un comunicado al respecto diciendo que “todas las etapas de la contratación se rigieron por los parámetros de legalidad y transparencia, y atendieron las disposiciones definidas por el Gobierno con la declaratoria de emergencia sanitaria”.
Aseguró que Bon Sante S.A.S “registra como objeto social en la Cámara de Comercio de Bogotá ‘comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales…'”, y que dentro de ese objeto “cabe perfectamente el suministro de los tapabocas”.
Revela #Caracol12M que la @FiscaliaCol y la @CGR_Colombia hicieron contratos por valor de 1300 millones de pesos de manera directa para comprar tapabocas y alcohol con una empresa naturista. En la dirección registrada funciona un taller de motos.
— Juan Fraile (@JuanFraile) July 17, 2020
Nuevo escándalo contra el Fiscal Barbosa por millonario contrato firmado por la Fiscalía para la adquisición de elementos de bioseguridad con una empresa de productos naturista cuya dirección es la de un taller de motos.
— Angel Ocampo (@Angelgocampo) July 17, 2020
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