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La Contraloría General de la República de Colombia advirtió recientemente sobre una baja ejecución presupuestal en el Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, conocido como FonIgualdad y asociado al Ministerio de la Igualdad. De acuerdo con la auditoría inicial enfocada en la vigencia 2024, de los 1,9 billones de pesos colombianos destinados a dicho fondo, solo se concretaron compromisos contractuales correspondientes al 25 %, se asignaron recursos por el 13 % y se desembolsaron pagos por apenas el 3 % del total destinado al funcionamiento de la entidad. Lo anterior fue expuesto en el reciente informe público de la Contraloría y divulgado por canales oficiales de la entidad.
Además, el examen situó en evidencia que 12 de los 25 programas bajo la administración de FonIgualdad no alcanzaron ejecución. Contrario a esta tendencia, dos de los proyectos emblemáticos del Ministerio, denominados Jóvenes en Paz y el Programa Nacional del Cuidado, presentaron niveles de ejecución muy superiores durante 2024, alcanzando un 87 % y 85 % respectivamente. La Contraloría, en su análisis, señaló deficiencias de planeación en el convenio con la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTP), sustanciado por 175.311 millones de pesos destinados a Jóvenes en Paz.
El organismo de control manifestó que la falta de una gestión adecuada por parte de FonIgualdad entorpeció la atención efectiva de las brechas poblacionales existentes en Colombia. Esta situación afecta de manera directa a segmentos como mujeres, personas con discapacidad, comunidades étnicas y campesinos, quienes constituyen el eje central de la política del fondo. No obstante, y ante el señalamiento público, la administración de FonIgualdad respondió que, por su estructura jurídica como patrimonio autónomo basado en un contrato de Fiducia Mercantil entre el Ministerio de Igualdad y una sociedad fiduciaria estatal, no le resulta aplicable el principio de anualidad. Agregaron que, por ello, el presupuesto asignado para la vigencia 2023 se ejecutó a lo largo de 2024.
Este panorama se complica porque el Ministerio de Igualdad pronto deberá lograr su reafirmación en el Congreso, después que la Corte Constitucional ordenara una revisión del proceso de creación del ministerio, al determinar irregularidades en su trámite inicial durante 2023.
Lo anterior ocurre en un contexto de denuncias reiteradas. Según información recogida por El Espectador, la entidad ya había sido observada por la baja ejecución presupuestal del año anterior, que durante más de seis meses de 2025 no superó el 1,9 %, así como por presuntos casos de acoso, racismo y la utilización política de recursos en el fondo. También se sabe que a partir de octubre de 2025 —con la llegada del nuevo director encargado Anderson Camacho Solano— comenzaron despidos masivos que involucraron al 90 % de los funcionarios y contratistas. Se denunció, además, la suspensión abrupta de contratos y el uso de una empresa temporal, Laborando S.A.S., para realizar nuevas vinculaciones, cuya contratación no habría seguido los procedimientos licitatorios regulares.
Por otro lado, entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, FonIgualdad celebró cuatro contratos por un monto total de 70.582 millones de pesos colombianos para vincular a más de 3.300 personas, lo que coincidió con la temporada electoral, levantando suspicacias sobre el uso de los recursos y la independencia institucional del fondo.
La coyuntura rodea de incertidumbre el futuro del Ministerio de la Igualdad, justo cuando debe demostrar su capacidad para reducir las desigualdades y superar cuestionamientos sobre el manejo de su presupuesto y capital humano.
¿Qué significa el principio de anualidad y cómo afecta la ejecución de los recursos públicos?
El principio de anualidad es un concepto financiero y legal que dicta que los presupuestos deben ejecutarse y finalizarse dentro del mismo año fiscal para el cual fueron aprobados. En muchos organismos del Estado colombiano, esta regla exige que los recursos asignados se utilicen o comprometan exclusivamente en la vigencia a la que corresponden. Sin embargo, entidades como FonIgualdad, debido a su estructura como patrimonio autónomo bajo un contrato de Fiducia Mercantil, pueden ejecutar recursos de un año durante el siguiente, lo que les otorga mayor flexibilidad presupuestal, pero también puede dificultar el seguimiento y control de la eficiencia en el gasto.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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