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Paloma Valencia, actual senadora y aspirante a la presidencia de Colombia por el partido Centro Democrático, expuso recientemente una denuncia que ha encendido las alarmas sobre la gestión del Ministerio de la Igualdad y su Fondo paralelo conocido como “FonIgualdad”. Según información divulgada por Valencia y documentada ampliamente por el periódico EL COLOMBIANO, este Fondo habría destinado la considerable suma de $70.582 millones a cuatro contratos firmados con Laborando S.A.S., una empresa de servicios temporales, para contratar a más de 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. Este periodo coincide con el calendario electoral, lo cual ha generado suspicacias respecto al manejo de estos recursos y la transparencia de los procesos.
De acuerdo con Valencia, el mismo Fondo adjudicó además dos contratos de servicios logísticos para la realización de eventos, por un valor total de $68.949 millones. Estas contrataciones y tercerizaciones, asegura la senadora, no solo habrían aumentado la nómina y generado duplicidad de funciones dentro de la misma cartera, sino que, durante dos años, los detalles de estos convenios no estuvieron publicados en plataformas de transparencia como el SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública). La publicación de los contratos se realizó, según Valencia, únicamente a raíz de las advertencias realizadas por ella en diciembre del año pasado ante el Congreso.
En este contexto, Valencia detalló que para noviembre de 2025 el Ministerio contaba con 191 contratistas y 541 funcionarios, ninguno de ellos perteneciente a la carrera administrativa o planta permanente, lo cual puso en evidencia la inestabilidad y opacidad de estos vínculos laborales. Además, el Fondo adscrito a la cartera de Igualdad firmó contratos adicionales para suministrar colaboradores a distintos programas: “3.146 personas para el programa Jóvenes en Paz”, “158 para el Sistema de Violencia Basada en Género”, así como personal cuya cantidad no fue especificada para otros proyectos como Agua es Vida y la gestión operativa misma del Fondo.
EL COLOMBIANO y otros medios han subrayado el carácter cuestionable de la gestión de “FonIgualdad”, por lo que la falta de transparencia sigue siendo una preocupación. La candidata denunció que ni facturas, ni anexos técnicos, ni informes de supervisión aparecen en la plataforma SECOP, y que recientemente estos documentos fueron publicados apenas de forma mínima.
En paralelo a las acusaciones de manejo irregular de la nómina y tercerización, Valencia argumentó que el Fondo habría eludido procedimientos regulados por la Ley 80 de contratación pública. Según su explicación, los contratos se hicieron bajo derecho privado, lo que permitió evitar licitaciones públicas y, por ende, la contratación directa sin mayor escrutinio, sumando otros $68.949 millones a este mecanismo.
Sin embargo, las críticas sobre la gestión del Ministerio de la Igualdad no se limitan a las denuncias contractuales. La congresista Catherine Juvinao, también citada por EL COLOMBIANO, interrogó al ministro Juan Carlos Florián sobre inconsistencias en la ejecución presupuestal de la entidad, resaltando que mientras el funcionario hablaba de una ejecución del 46%, en realidad solo se evidenciaba un 7%. Por este hecho, reportó Juvinao, fue presentada una queja disciplinaria ante la Procuraduría General por faltas consideradas graves.
La cartera también recibió atención mediática por un escándalo en el que el exviceministro de Igualdad, Dumar Guevara, profirió insultos contra la hija del presidente Gustavo Petro y su exesposa, hechos que llevaron a su destitución. EL COLOMBIANO reveló conversaciones en las que Guevara demostraba rechazo personal y estaría involucrado en posibles irregularidades dentro de un contrato superior a $55.000 millones suscrito por “FonIgualdad”.
Todo este panorama crítico ocurre en un momento en que el futuro del Ministerio de la Igualdad se encuentra bajo discusión en el Congreso, tras ser declarado inexequible por la Corte Constitucional, y mientras la confianza en la gestión de la entidad permanece seriamente cuestionada, sin perspectivas claras sobre la recuperación de su legitimidad.
¿Qué es la Ley 80 de contratación pública y por qué es relevante en este contexto?
La Ley 80 de contratación pública, mencionada en el marco de las denuncias contra el Ministerio de la Igualdad, es la norma que regula la contratación de entidades estatales en Colombia. Su objetivo es garantizar que la utilización de recursos públicos se realice bajo los principios de transparencia, economía y responsabilidad, incluyendo la obligación de adelantar licitaciones abiertas para seleccionar a los contratistas que presten servicios al Estado.
Dentro del caso del Ministerio de Igualdad, la supuesta decisión de contratar mediante el Fondo paralelo acogiéndose al derecho privado —y no por medio del proceso habitual que dicta la Ley 80— permitiría seleccionar contratistas sin concurso público. Esta situación resulta crítica porque debilita los controles establecidos para evitar el favoritismo, el uso discrecional de los recursos y la opacidad que afecta la confianza ciudadana en la gestión pública.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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