En esos dos escenarios, de acuerdo con Semana, el mandatario podría experimentar efectos colaterales con su decisión de objetar algunos artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Aunque el análisis señala que esto solo le daría largas a un tema que no tiene salidas claras diferentes a su sanción definitiva, el tiempo que demoraría en poder funcionar en pleno le serviría a quienes se le oponen para acrecentar sus críticas.
En la Corte, dice esa revista en uno de sus confidenciales, su intención de reanudar las aspersiones podría quedar truncada. Al sentirse desautorizada, explica Semana, vetaría la iniciativa del Gobierno.
La objeción pasaría al Congreso, donde el senado podría seguir el camino de apoyar la objeción, pero en la Cámara, donde la bancada del expresidente César Gaviria manda la parada, sucedería lo contrario.
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Aún así, no todo serían pérdidas. Ese mismo medio señala que su decisión sería acogida con beneplácito por una mayoría del Partido Conservador, pese a que al interior de esa colectividad se sentiría algún resquebrajamiento por la contradicción que esto significa tras haber promovido en términos generales el proceso de paz durante el gobierno anterior.
Semana concluye también que la decisión podría poner de su lado al uribismo más radical, a riesgo de sacrificar gobernabilidad al entrar en fricción con partidos que buscaba acercar para mejorar en ese sentido.
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