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Este lunes 15 de diciembre marcó un momento crucial para el sistema educativo colombiano con la realización del último debate sobre la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, legislación que regula la educación superior en el país. La sesión se efectuó en la plenaria de la Cámara de Representantes y atrajo la atención de diferentes actores del sector educativo, incluyendo líderes estudiantiles, profesores, rectores de universidades públicas y representantes políticos. Llevando pancartas con mensajes como “Estudiar no es un privilegio, es un derecho. Hazlo valer”, los asistentes evidenciaron la importancia de la educación como un derecho fundamental en la sociedad colombiana, una posición respaldada por la asistencia y el simbolismo constante del movimiento estudiantil.
Durante la jornada, el ambiente estuvo marcado por la participación activa de los estudiantes, ubicados en las galerías superiores del recinto. Allí, con arengas y la exhibición de enormes lápices –símbolo característico de sus manifestaciones–, apoyaron la discusión, reforzando la dimensión social del debate sobre la financiación educativa. La sesión transcurrió de forma fluida, y solo un par de proposiciones presentadas por algunos congresistas quedaron pendientes para el proceso de conciliación posterior, lo que refleja la construcción colectiva que acompañó esta reforma legislativa.
Al finalizar la votación, el Congreso aprobó de manera unánime el proyecto de ley 212 de 2024, el cual introduce modificaciones determinantes en la llamada “fórmula” utilizada por el Estado para definir el presupuesto asignado anualmente a las universidades públicas. Según información publicada por El Espectador, esta unanimidad se considera excepcional, especialmente porque, en palabras de Jennifer Pedraza, representante del partido Dignidad y Compromiso y una de las principales impulsoras del proyecto, es la única iniciativa que ha logrado este consenso en semanas recientes dentro de la Cámara.
La relevancia de la aprobación unánime trasciende lo simbólico y se interpreta como un mandato explícito para el próximo gobierno, subrayando la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades públicas. La reforma fue destacada por diferentes sectores políticos: mientras legisladores como Jaime Raúl Salamanca, de la Alianza Verde, resaltaron la labor de las universidades estatales, otros, como Andrés Forero, del Centro Democrático, expresaron la importancia de no descuidar a las instituciones privadas y afirmaron el compromiso de su partido con la puesta en marcha de la nueva ley.
En este contexto, la reforma evidencia un momento de cohesión política y social orientado hacia la reivindicación de la educación como bien público. Sin embargo, también deja abiertas preguntas sobre los mecanismos y retos para implementar la ley y garantizar que el aumento de recursos traduzca en mejoras concretas y equitativas para todas las instituciones de educación superior del país. El seguimiento y el diálogo entre los diferentes actores del sector será clave en la siguiente etapa.
¿Qué cambios introduce exactamente la nueva fórmula de financiación para las universidades públicas?El debate sobre la fórmula de financiación de las universidades públicas en Colombia ha sido un tema recurrente en la agenda educativa nacional. La aprobación del proyecto de ley 212 de 2024 impulsa modificaciones dirigidas a redefinir los criterios a través de los cuales el Estado establece los recursos que reciben estas instituciones, afectando directamente su funcionamiento y capacidad de expansión.
Comprender en detalle qué variaciones sustanciales plantea la nueva disposición respecto al modelo previo resulta fundamental para académicos, estudiantes y tomadores de decisiones. Además, permite prever tanto los potenciales beneficios como los desafíos asociados a la redistribución de los fondos públicos, elemento clave para el futuro del acceso y la calidad universitaria en Colombia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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