En su momento, el Departamento Administrativo de Seguridad aseguró que la exsenadora tenía vínculos con grupos al margen de la ley, lo que vulneró su “intimidad, honra y buen nombre”, dice la decisión, recogida por Semana.

Cabe recordar que Córdoba incluso enfrentó procesos judiciales por dicha información falsa “moldeada por esa estructura criminal” y muchas reacciones negativas entre la opinión pública.

Por eso, el juez determinó que el Departamento Administrativo de la Presidencia y al DAS (representado por Fiduprevisora) debe pedirle excusas públicas en un plazo de 30 días.

Además, entregarle 240 millones de pesos como indemnización por la violación a sus derechos; su madre, su esposo y sus hijos recibirán aproximadamente 192 millones de pesos.

Su familia se benefició con la sentencia, pues también se vio afectada su calidad de vida e integridad sufriendo daños psicológicos como intranquilidad, angustia y perturbación, agrega la revista.

Córdoba estuvo en la lista de políticos de oposición, magistrados y periodistas que fueron víctimas de seguimientos e interceptaciones ilegales durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el juez consideró esas acciones como una persecución por parte de un organismo del Estado, añadió El Espectador.

El juez también señaló que estos hechos son una afrenta a la democracia y que solo buscaron mantener el poder político transgrediendo la Constitución y las leyes.