La muerte de los tres hombres ocurrió en acciones atribuidas a las fuerzas de seguridad vinculadas con grupos paramilitares, informó este martes La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en un comunicado.

“Este vínculo se manifestó a través de acciones directas de apoyo, colaboración y coordinación, o bien por medio de omisiones de miembros de la fuerza pública que favorecían por aquiescencia o tolerancia las acciones de grupos paramilitares, y que terminaron con la muerte de los tres miembros de las familias Omeara y Álvarez”, agregó la CorteIDH.

Noel Omeara fue atacado el 28 de enero de 1994 por cuatro hombres armados que ingresaron a un restaurante donde se encontraba, y murió el 26 de julio siguiente.

Su hijo Manuel fue secuestrado el 27 de agosto de ese año cuando intentaba investigar lo ocurrido con su padre. Estuvo desaparecido hasta el 23 de septiembre siguiente, cuando apareció su cadáver.

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Su suegro Héctor Alvarez recibió varios disparos de dos hombres de civil cuando llegaba a su casa. Las heridas lo dejaron cuadripléjico hasta su muerte en mayo de 2000.

La CorteIDH también responsabilizó al Estado colombiano por las amenazas que sufrieron las familias de los hombres atacados, que debieron desplazarse de su lugar de residencia.

Como medidas de reparación, la CorteIDH ordenó al Estado mantener abiertas las investigaciones del caso, brindar tratamiento psicológico a los familiares afectados y pagar una compensación monetaria a las familias.