Según detalló la CIDH en un comunicado, el caso engloba las “sucesivas y graves violaciones de derechos humanos” cometidas contra más de 6.000 personas que se integraron en la UP en algún momento desde 1984, un año antes de su fundación.
Entre los años 80 y 90, sin embargo, tres de los principales dirigentes de la UP fueron asesinados así como al menos 2.000 de sus miembros.
La CIDH, con sede en Washington, sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, el 29 de junio de este año porque consideró que el Estado de Colombia no cumplió con las recomendaciones contenidas en su informe de fondo, aunque lo anunció hoy.
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En ese documento, la Comisión apuntó que las investigaciones de Colombia “han sido incipientes e insuficientes, y no han logrado proveer, ni a las víctimas sobrevivientes, ni a los familiares de las víctimas fallecidas, ni a la sociedad colombiana en su conjunto, de un verdadero esclarecimiento sobre las responsabilidades del exterminio” de los integrantes de UP.
En consecuencia, la CIDH concluyó que el Estado colombiano “violó el derecho a las garantías judiciales y protección judicial”.
Para la Comisión, la persecución contra los miembros de UP fue un “exterminio” y ha establecido en su informe que los hechos “alcanzaron una gravedad y magnitud inusitadas”.
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