La imputación de cargos por el delito de hurto agravado por la confianza contra el empresario de la ganadería Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, concuñado del presidente Gustavo Petro Urrego, ha fracasado debido a la ausencia de la fiscal 60 especializada de la dirección de fe pública y orden económico en la audiencia convocada por el juzgado 79 penal municipal de control de garantías de Bogotá.
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El caso tiene su origen en una denuncia por hechos irregulares en una millonaria negociación entre dos empresas, una italiana y otra boliviana, con una unión temporal en la que Gutiérrez aparecía como representante.
Según la denuncia, cerca de 5 millones de dólares, producto de la venta de alcohol extraneutro a la Fábrica de Licores de Antioquia, habrían desaparecido.
Después de varios intentos infructuosos de contactar a los empresarios en Colombia, se presentaron acciones legales y se contrató al abogado penalista Jaime Lombana Villalba para exigir el pago correspondiente.
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El presidente Petro ha negado tener cualquier relación directa con su concuñado y se ha distanciado de cualquier vínculo con él.
Gutiérrez ha sido vinculado en otros casos relacionados con los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, testaferros del régimen de Nicolás Maduro, así como con un buque de bandera colombiana que transportaba toneladas de cocaína y fue retenido en España.
Tras la suspensión de la audiencia, la carpeta ha sido devuelta al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao para realizar un nuevo reparto y fijar la fecha de la imputación, mientras que la jueza de control de garantías ha dejado constancia de la insólita situación.
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