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El concejal Alexis Castillo Jiménez, perteneciente al Partido Conservador, enfrenta un proceso judicial tras haber sido acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación del delito de violencia intrafamiliar agravada. Según los reportes entregados por el órgano judicial, la investigación se basa en las denuncias hechas por su expareja sentimental, quien relató episodios de agresiones físicas ocurridos en la ciudad de Barranquilla a lo largo de los años 2023 y 2024, durante el tiempo en que ambos convivieron. La situación legal de Castillo Jiménez se complicó cuando un juez de control de garantías ordenó su captura luego de analizar las pruebas y testimonios. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el concejal optó por entregarse de manera voluntaria ante las autoridades el 24 de febrero. Actualmente, aunque goza de libertad, continúa vinculado al proceso, por lo que deberá responder ante la justicia mientras avanza la investigación.
El ente acusador, a través de una fiscalía seccional de Atlántico, formalizó la acusación contra Castillo Jiménez, quien durante las audiencias negó cualquier responsabilidad en el delito imputado. No obstante, la Fiscalía indicó que las agresiones denunciadas no se limitaron al plano físico. Según su análisis, la víctima habría sido objeto de violencia psicológica y económica, acciones perpetradas presuntamente por el concejal y que contribuyeron a la decisión de la mujer de separarse de él. El relato de la denunciante también incluye situaciones de intimidación y hostigamiento posteriores a la ruptura de la relación.
Una de las situaciones más graves puestas en conocimiento de la Fiscalía corresponde a un episodio específico ocurrido en 2024. La víctima fue agredida cuando se encontraba en una vivienda, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades y reforzó el carácter agravado de la imputación. Estas revelaciones han tenido eco en el ámbito político y social, ya que involucran a un funcionario público elegido por voto popular, lo que ha suscitado debates sobre la responsabilidad y el ejemplo que deben ofrecer quienes ocupan cargos de representación ciudadana.
En Colombia, la violencia intrafamiliar puede ser denunciada tanto por la víctima como por familiares, vecinos o cualquier persona o entidad que tenga conocimiento de los hechos. Según la Fiscalía General de la Nación, este delito abarca no solo agresiones físicas, sino también de tipo psicológico, sexual, económico o patrimonial, y puede ser objeto de investigación incluso si no existe denuncia directa, siempre que las autoridades tengan información suficiente.
El proceso comienza con la garantía de la seguridad de la víctima, para lo cual se recomienda contactar a la Policía a través de la línea 123 o acudir a un centro médico en caso de emergencia. Asimismo, las comisarías de familia prestan servicios de atención inmediata. La denuncia formal puede ser presentada verbalmente o por escrito ante la Fiscalía, comisarías, inspecciones o estaciones de policía, incluyendo datos del agresor y evidencia como testimonios, dictámenes médicos o fotografías. El Sistema Nacional de Denuncia Virtual también permite radicar denuncias en línea, facilitando el acceso a la justicia.
Una vez recibida la denuncia, se deben emitir medidas de protección en un plazo de máximo cuatro horas: estas tienen como finalidad resguardar a la víctima, pudiendo incluir la orden de expulsión del agresor del hogar, mandatos de alejamiento o protección adicional por parte de la policía. Posteriormente, la Fiscalía inicia la investigación penal y otras entidades, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o defensorías, ofrecen acompañamiento jurídico y psicosocial, buscando la protección integral y la recuperación de las personas afectadas por este tipo de delitos.
¿Qué medidas puede tomar la víctima si el agresor es un servidor público?
Esta pregunta cobra relevancia considerando casos como el del concejal Alexis Castillo Jiménez, donde la persona denunciada ostenta un cargo público. Las víctimas pueden temer represalias o un posible encubrimiento institucional que dificulte la denuncia y el acceso a la justicia. Por ello, el marco legal colombiano contempla mecanismos que garantizan la protección y el acompañamiento, independientemente de la posición social o política del presunto agresor.
En estas circunstancias, las autoridades tienen la responsabilidad de actuar con celeridad y sin favoritismos, aplicando las mismas normas y medidas de protección exigidas por la ley. Es fundamental que las víctimas tengan acceso a canales de denuncia seguros y a instituciones independientes que velen por la imparcialidad en la investigación y el juzgamiento de los hechos, reforzando así la confianza ciudadana en el sistema de justicia y la igualdad ante la ley.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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