La Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2019, indicó que 3.974.522 personas en Colombia tienen alguna discapacidad; una de cada 10 -entre los 15 y los 59 años- no sabe leer ni escribir. Además, el estudio mostró que, en total, la población con discapacidad en edad de trabajar ascendía a 3.583.875 personas -2.007.274 mujeres y 1.576.601 hombres-, de los que solo el 46.1 % de los hombres y el 31.5 % de las mujeres ingresan al mercado laboral remunerado. Lo anterior, revela que en el país a nivel educativo y laboral se mantiene la brecha de inclusión laboral en cuanto a personas con alguna discapacidad.

El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, publicó en uno de sus boletines que: “los departamentos con una mayor proporción de personas con discapacidad son Quindío, Norte de Santander, Nariño y Huila, en donde esta población representa al menos el 8,5 % de la población total. En el departamento de Quindío las personas con discapacidad representan el 9,9 % de su población total; contando con el mayor porcentaje de mujeres (10,9 %) y hombres (9,0 %)”.

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Además, desde el Inci analizaron que las mayores brechas del nivel educativo entre la población con y sin discapacidad, se registran “entre quienes no tienen ningún nivel educativo y en los niveles básica primaria y media: el 16,2 % de las personas en situación de discapacidad no tiene ningún nivel educativo, frente al 2,6 % de las personas sin discapacidad, lo que indica diferencia de 13,6 puntos porcentuales; el 37,7 % de las personas con discapacidad tienen educación básica primaria; el porcentaje de personas con discapacidad con educación media es de 16,5 %; y, el 14,3 % de las personas con discapacidad tiene educación superior, en comparación con el 21,0 % de las personas sin discapacidad, es decir, una brecha de 6,7 puntos porcentuales”.

Debido a la necesidad de crear políticas y estrategias de inclusión para reducir la brecha entre personas sin y con discapacidad, a nivel nacional se emitió el decreto 1421 de 2017, el cual se enfoca en la atención de niños, niñas y jóvenes escolarizados que están en condición de discapacidad y tienen necesidades educativas especiales.

Con la expedición de este, cambió la normatividad en Colombia con el objetivo de incluir a personas con discapacidad, norma que implicó la creación de planes progresivos de implementación gradual para los procesos de educación básica y superior. De esta manera se pretendió avanzar en materia del acceso a la educación para personas con alguna discapacidad. En el último capítulo de este decreto, se refieren a las obligaciones de las instituciones de educación superior para implementar estrategias de inclusión y acompañamiento de las personas con discapacidad, que para el 2023, los planteles educativos deben tener adelantados.

Inclusión en las universidades

En la universidad del Quindío, de acuerdo con las bases de datos institucionales tienen en este momento 744 estudiantes inscritos con discapacidades como: “baja visión, autismo, ceguera, sordera, física o motora, lesión neuromuscular, entre otras. Acá tenemos diferentes programas de pregrado en la modalidad diurna, nocturna y a distancia. En la gran mayoría de estas modalidades existen personas con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, en la maestría en Ingeniería tenemos casos particulares de baja visión diagnóstica e hipoacusia de baja audición”, explicó Jéssica Lorena Flórez Marín, técnico administrativo del área de Bienestar Institucional.

Desde el área de Bienestar Institucional incluyen a población con discapacidad por medio de programas como Apoyo Sicosocial, en el que cuentan con una sicóloga encargada de atender las personas en situación de discapacidad para promover ajustes razonables en la educación. “Por ejemplo: para un estudiante con movilidad reducida, se investiga en qué bloque está y si tiene acceso a los baños, rampas y pisos adecuados.

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En el programa de Apoyo y Seguimiento Académico contamos con una fisioterapeuta quien se ocupa de discapacidades físicas, programa desde el que también se dan capacitaciones a todos los docentes de la universidad para sensibilizarse con esta población”. Desde esta misma área imparten cursos como el de lengua de señas, para administrativos, docentes, estudiantes y graduados con el fin de facilitar la comunicación.

Sobre el decreto del 2017 indicó: “En la universidad se mantiene un estrecho contacto con los programas que tienen inscritos a estudiantes con alguna discapacidad y con los profesionales que realizan adaptaciones o ajustes razonables al currículo dependiendo el caso de la discapacidad. Todos tienen un acompañante, por ejemplo, en el caso de estudiantes sordos, cuentan con un intérprete que los acompaña a sus clases”.

 

En la Institución Universitaria EAM, actualmente 4 estudiantes con discapacidad cursan pregrado en el plantel educativo: 2 con asperger, 1 en silla de ruedas por atrofia muscular espinal tipo 3, y un estudiante con sordera congénita. Cada facultad cuenta con 1 o 2 docentes de apoyo.

Carolina Iglesias Cardona, psicóloga de la institución, explicó que: “la universidad recibe a estos estudiantes y por ejemplo, para las personas que tienen una capacidad diversa física no hay problema pues el plantel cuenta con ascensor en el Bloque A, en donde se programan las clases para que la persona pueda desplazarse con facilidad”.

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Frente a los procesos para la inclusión de estudiantes con discapacidades, explicó la profesional de la salud mental que, en el caso de chicos con asperger, estos deben pasar por el proceso de entrevista, como todos los estudiantes, mediante la cual se determina el nivel en el que se encuentran para brindar acompañamiento desde el área de sicología -en caso de ser necesario-. “Desde la entrevista los decanos y docentes son conocedores de la situación y de ser necesario se apoya con asesorías a estos estudiantes y a la familia, de igual manera aplica para todos en general, porque se presentan muchas dificultades. Las inteligencias múltiples son un factor que se tiene en cuenta en la institución”.

Respecto a los procesos de inclusión relacionados con el decreto 1421 de 2017, “existe una política de inclusión en proceso de construcción, esto debido a la falta de personal experto en el tema que se dedique a la culminación de esta”.

En la universidad Antonio Nariño de Armenia para este semestre no hay estudiantes con discapacidad inscritos, no obstante, en semestres anteriores dijeron que sí hubo matriculados con estas características, que han culminado su proceso profesional de manera satisfactoria.

Diana Carolina Perdomo Martínez, auxiliar de enfermería y Patricia Sabogal, auxiliar de laboratorio, contaron a este medio que: “Además, con frecuencia acá vienen pacientes al programa de odontología y psicología que presentan alguna discapacidad. La universidad cuenta con sillas de ruedas que facilitan la movilidad de estas personas”.

También explicaron que: “Desde la infraestructura tenemos adecuada la sede en su totalidad para permitir el acceso a estos estudiantes. De igual manera los salones están preparados según las necesidades. Con frecuencia capacitamos a docentes y personal administrativo para que cuente con conocimientos frente a la inclusión de personas con discapacidad. La universidad está evaluando la construcción de un ascensor que permita cumplir con la normatividad. Podemos decir entonces que tanto el personal como la infraestructura está preparada para atender cualquier tipo de discapacidad”.

Con relación al decreto del 2017, contaron que las instituciones privadas y públicas deben cumplir con adecuaciones en sus programas para la inclusión. “Por eso hemos mejorado en todos los espacios y áreas para poder dar ese acompañamiento a personas que vayamos a tener con algún tipo de discapacidad”.

Inclusión laboral

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En la investigación titulada Análisis de la situación de las personas con discapacidad en Colombia 2021, frente al acceso a empleo por parte de hombres y mujeres con alguna discapacidad, encontraron que: “solo 46.1% de los hombres con alguna discapacidad se encuentran insertos en el mercado laboral, en comparación con 68 % de la participación laboral en el resto de la población masculina. En el caso de las mujeres con discapacidad, solo 31.5 % se encuentra dentro del mercado laboral remunerado, en comparación con 41.6 % entre las mujeres sin discapacidad. Es decir, una brecha laboral y de género de 36,5 puntos porcentuales en la que se combina un doble proceso de discriminación, la discriminación de género y la asociada a la condición de discapacidad”.

Sobre este punto, desde las universidades opinaron. Flórez Marín explicó que: “En la universidad del Quindío tenemos inclusión laboral. Tenemos instructores, docentes y administrativos con alguna discapacidad”. Y desde la UAN, las profesionales sostuvieron que, sobre la ocupación laboral, egresados de la universidad han podido conseguir un empleo, “efectivamente por el tema de la inclusión en las empresas, les ha sido posible encontrar un puesto relacionado con los estudios que cursaron”.