Según el documento, divulgado este martes, 212 personas fueron asesinadas en todo el mundo en 2019 por defender sus territorios e intentar detener la destrucción de la naturaleza. La cifra de asesinatos es la mayor registrada por la organización en un solo año.
Los activistas, que según el documento luchan “contra el cambio climático oponiéndose a las industrias intensivas en carbono que están acelerando el calentamiento global y el daño ambiental de manera insostenible”, lideran procesos de resistencia contra la explotación de recursos naturales y la corrupción en sus países, lo que los convierte en objetos de “ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”.
Entre 21 países examinados, Colombia, Filipinas, Brasil, México, Honduras, Guatemala y Venezuela registraron, en ese orden, la mayor cantidad de homicidios contra defensores que se oponen generalmente a la minería ilegal, la deforestación y la contaminación de los recursos hídricos.
Las cifras alarmantes de América Latina fueron más preocupantes en Colombia, país que registró 64 de los asesinatos de 2019, la cifra más alta divulgada por Global Witness, y superior a los 43 perpetrados en Filipinas. Los dos países acumularon más de la mitad de todos los homicidios registrados el año anterior, aunque la ONG advierte que los números pueden ser incluso mayores “ya que normalmente los casos no son documentados”.
El estudio también destaca que las campañas de criminalización y difamación contra los activistas pueden exponer a las comunidades a una mayor vulnerabilidad frente a los ataques, practicas incluso ejercidas por gobiernos y medios locales.
En Colombia, como lo han revelado informes elaborados por organizaciones nacionales, los defensores son perseguidos por oponerse a las disputas por tierras y recursos naturales relacionadas con actividades ilegales como los cultivos ilícitos o proyectos minero-energéticos.
Precisamente, la minería fue el sector más letal a nivel mundial, con 50 personas defensoras asesinadas en el periodo evaluado, mientras que la agroindustria sigue siendo una amenaza, particularmente en Asia, donde el 80 % de los ataques producidos estuvieron relacionados con ese sector.
“La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería aparecen como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Al mismo tiempo, son las industrias que propician el cambio climático a través de la deforestación y el aumento de las emisiones de carbono”, explicó la encargada de campañas de Global Witness, Rachel Cox.
El riesgo es todavía mayor para las comunidades indígenas de la región que sufrieron un tercio de las agresiones letales cometidas contra este tipo de defensores, pese a que representan solo el 5 % de la población total.
Además, las cifras demuestran que más de una de cada diez personas defensoras asesinadas en 2019 eran mujeres. Las defensoras, subraya el documento, “enfrentan amenazas específicas, incluidas campañas de desprestigio centradas a menudo en su vida privada, con contenido sexista o sexual explícito” y estas prácticas, que normalmente no son denunciadas, se utilizan como una táctica para silenciarlas.
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