Luego de surtir todos los debates en el Concejo de Bogotá, esa corporación aprobó el proyecto de acuerdo que permitirá el Mínimo Vital de Internet en la capital, lo cual busca garantizar una cantidad mínima gratuita de internet en estratos 1,2 y 3, familias en pobreza, vulnerabilidad o ruralidad.

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Según el autor del proyecto, el concejal Óscar Ramírez Vahos (Centro Democrático), el servicio de internet “debe considerarse como un derecho humano y este la aprobación del proyecto es un paso decisivo en ese sentido. Queremos una ciudad conectada”.

De hecho, con la pandemia y postpandemia por el Covid-19, el acceso a internet se ha convertido en un tema de preocupación para organismos como la Organización de las Naciones Unidas, que ha pedido que se cierren las brechas de conectividad que existen en Latinoamérica.

“El 20 % de los hogares (en Bogotá) —es decir, 540.000— no tiene acceso a internet. Esto deja a una quinta parte de nuestra población rezagada en materia de educación, trabajo, cultura e información. Tendremos una sociedad más equitativa en la medida en que estemos conectados”, señaló el cabildante.

Costos de la conexión a internet: el principal obstáculo

De acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo dependiente de la ONU, el acceso a internet para las personas más vulnerables puede llegar a representar el 26 por ciento de sus ingresos, lo que representa que se pague más por este servicio que en otros países de la región.

En ese sentido, según Ramírez Vahos, para el 41 % de los hogares bogotanos, los altos costos son la principal razón para no tener conexión a internet.

“Es fundamental tener un mínimo vital de internet. La brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se seguirá ampliando si los más vulnerables no pueden acceder al servicio, ya sea por sus costos o por ausencia de infraestructura”, agregó el concejal.

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Este proyecto de acuerdo —con el que se espera beneficiar a los ciudadanos de los estratos 1, 2 y 3, a personas en situación de vulnerabilidad y a la población rural de la ciudad— pasará a sanción de la alcaldesa Claudia López, cuya Administración tendrá doce meses para reglamentarlo.

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