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En una audiencia reciente en los juzgados de Paloquemao, los patrulleros Alfonso Quinchanegua y Alejandra Canizales admitieron su responsabilidad en el caso de las interceptaciones ilegales realizadas contra Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia. Ambos agentes aceptaron cargos y la patrullera Alejandra Canizales ofreció disculpas a Meza, y declaró que solo había seguido órdenes de sus superiores.
“Quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas, situación de la que estoy totalmente arrepentida al perder mi libertad, pase situaciones muy difíciles, por eso pido perdón”, expresó la patrullera Canizales.
(Vea también: Fiscalía militar cayó a la Casa de Nariño para investigar lo del polígrafo a Marelbys Meza)
#Atención | La patrullera Dana Alejandra Canizales ofreció disculpas a la Marelbys Meza y a las otras víctimas de las ‘chuzadas’ y aseguró que obedeció órdenes de sus superiores. De esta manera anuncia que prenderá el ventilador pic.twitter.com/RGGIrleebn
— W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 11, 2024
La juez 53 penal del circuito, encargada de la investigación, decidió decretar una sentencia parcial de ruptura procesal en relación con los delitos de violación de datos personales cometidos por Quinchanegua y Canizales. Esta decisión se tomó tras la firma de un principio de oportunidad y un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Durante la audiencia, la fiscal del caso, Cindy Hernández, anunció que los patrulleros se convertirán en testigos clave para el esclarecimiento del caso.
Hernández también confirmó que los principios de oportunidad han recibido el visto bueno de los representantes de las víctimas. Esto llevó a la solicitud de ruptura procesal para los agentes implicados. Uno de ellos, Quinchanegua, aceptó cargos por falsedad en documento público y fraude procesal, mientras que Canizales también reconoció su participación en las interceptaciones ilegales.
Contexto: Caso Laura Sarabia: la diligencia inédita de la denuncia de Marelbys Meza
Como parte de los preacuerdos alcanzados, la Fiscalía se comprometió a reducir las conductas delictivas contra los patrulleros, modificando los cargos de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal y falsedad material en documento privado.
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