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El triple asesinato de un oficial, un suboficial y un soldado en un batallón de Putumayo, a manos de un presunto infiltrado del Estado Mayor Central (Emc), pone una vez más la lupa en la mesa de diálogos entre esa disidencia de las Farc y el Gobierno Nacional.
El crimen ocurrió este martes 27 de febrero, en el batallón de selva de Puerto Leguízamo, donde el recluta Alexánder Orozco Zambrano, quien sería infiltrado y llevaba seis meses prestando servicio militar, mató al capitán Juan Pablo Herrera Mazo, al sargento segundo Carlos Rojas y al soldado regular Yoandris Mejía; también dejó herido a otro uniformado.
(Vea también: Murió tercer militar a manos de soldado que asesinó a 2 superiores en batallón de Putumayo)
Horas más tarde, en plena persecución por el río Caquetá, fue dado de baja en un enfrentamiento con la Policía.
En un comunicado sobre el tema, el Ejército precisó que integrantes del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc, que delinque en Putumayo, Caquetá y Amazonas, había abordado a otros tres soldados para ejecutar atentados similares.
Esta facción criminal pertenece al Emc, grupo con el cual el Gobierno adelanta una mesa de diálogos sociopolíticos desde octubre de 2023. El comandante del frente es “Danilo Alvizú”, uno de los negociadores de la organización en el proceso de paz.
La mesa de diálogos lleva tres ciclos de conversaciones, que se han realizado en Bogotá, Popayán y de nuevo Bogotá. La próxima reunión está programada para la semana que viene en San José del Guaviare.
Entre los avances conseguidos están un cese el fuego bilateral y la instalación de un mecanismo de verificación del cumplimiento del cese.
Son justamente estos dos acuerdos los que quedan comprometidos con el ataque del presunto soldado infiltrado en el batallón de Puerto Leguízamo, pues se trataría de una acción planeada para agredir a las tropas.
Hay que recordar que el frente Carolina Ramírez ya había provocado en el pasado una suspensión temporal de un cese el fuego pactado durante los primeros acercamientos con el Gobierno.
(Lea también: “John Fiera”, el disidente que siembra el terror en la frontera de Antioquia y Bolívar.)
Sucedió en mayo de 2023 en Solano, Caquetá, donde la estructura ilegal masacró a cuatro indígenas murui que habían sido reclutados y desertaron del grupo.
Este diario se comunicó con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para conocer su postura sobre el ataque perpetrado en el batallón de selva y las consecuencias que tendrá para la mesa. La entidad no ha respondido a la solicitud, de momento.
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