“Confiamos en el respeto que usted y su gobierno deben a la independencia y la autonomía judicial”, indicó la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en una carta de enviada al embajador.

Y es que esta semana, Whitaker se refirió a ‘Santrich’ y cuestionó la forma en que la JEP ha actuado frente a la situación judicial del exguerrillero, tras ser capturado en Colombia el nueve de abril, con base en una circular roja de Interpol a petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de tener un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína a ese país después de que las Farc firmaran el acuerdo de paz.

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En declaraciones a CM&, el embajador afirmó que “la JEP debe enfocarse en los delitos cometidos antes de la entrada en vigor del acuerdo [de paz]”, por lo que cuestionó que suspendiera la extradición de Santrich, el 17 de mayo, ya que Whitaker insiste que el delito del que acusan al exjefe guerrillero sucedió con posterioridad al primero de diciembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz y por tanto debe ser extraditado.

“Yo he leído el acuerdo y dice que delitos cometidos con posterioridad del primero de diciembre de 2016 son sujetos a la jurisdicción regular, incluyendo la extradición”, explicó el funcionario en el noticiero.

Pese a dichas críticas del embajador estadounidense, en la misiva la presidenta de la JEP también asegura que “los magistrados de esta corporación actúan y actuarán siempre dentro del estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República”.

Recuerda que Colombia tiene una larga tradición en el cumplimiento de acuerdos nacionales e internacionales que reconocen los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como que sus autoridades respetan los principios de independencia de la justicia, separación del poder público y soberanía de los Estados.

“El país y la comunidad internacional pueden estar seguros de que la JEP cumple y cumplirá su misión dentro del respeto al marco constitucional y legal”, precisó Linares.

Por último, aclaró que “los integrantes de la JEP” son conscientes de su “responsabilidad histórica para la consecución de una paz estable y duradera en Colombia, todo bajo la convicción profunda de la supremacía del derecho y el respeto a las instituciones, eficaces garantías que protegen la democracia”.