El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y encargada de la custodia de la población carcelaria, no podrá trasladar al corrupto empresario Carlos Mattos Barrero, con estrictas medidas de seguridad. “Especialmente cuando se trata de urgencias médicas, pues el detenido empresario no es un recluso de alto riesgo, ni sus desplazamientos implican peligros para él o para la sociedad”, señaló su abogado, Jesús Albeiro Yepes.

Según un fallo de tutela del Tribunal Superior de Barranquilla, los traslados en esas condiciones de altísima seguridad, pueden afectar o alterar el estado de salud del recluso, por ser sometido a niveles de estrés. La tutela, interpuesta por la defensa del señor Mattos, según las cuales en varias ocasiones los guardias del Inpec, fuertemente armados, ingresaban a las salas de urgencias donde era atendido, incluso a citas de cirugías.

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“Sin embargo, sorpresivamente, en las últimas horas, y pese al mencionado fallo de tutela y una resolución de la dirección del Inpec dándole cumplimiento a ese fallo judicial, el empresario acaba de ser notificado que será trasladado a dos citas médicas, bajo el mismo esquema de protección denunciado, es decir el que ya fue proscrito por la dirección del Inpec”, aseguró el penalista Yepes.

Él abogado defensor del confeso corrupto empresario explicó que el Inpec está volando sus propias resoluciones y desconociendo fallos judiciales que ya están en firme. Por orden médica, el empresario Mattos debe ser sometido de manera urgente a varios exámenes especializados, uno de ellos para controlar sus niveles de estrés y trastornos de sueño.

Esta decisión judicial se da luego de que, en marzo pasado, se supiera que Mattos aprovechaba sus salidas de la cárcel La Picota para hacer otras vueltas. En ese momento Noticias Caracol reveló queque el empresario Carlos Mattos estaba por fuera de su sitio de reclusión y asistía a reuniones en una de sus oficinas con uno de sus abogados, Iván Cancino.

Mattos, quien fue exrepresentante legal de Hyundai, se enfrentará a un pena de cárcel superior a los cinco años por el entramado de corrupción que fraguó para salir bien librado en un proceso administrativo con el que buscaba que se mantuviera en su poder la representación legal de la promotora de vehículos. El empresario que fue extraditado de España en noviembre del año pasado y está recluido en una cárcel de máxima seguridad, es señalado por las autoridades de sobornar a dos jueces.

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En el fallo condenatorio contra Mattos, emitido en noviembre de 2022, el juez del caso señaló que este deberá pagar una multa superior a los 125 salarios mínimos legales vigentes y estará inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 108 meses, por el soborno contra la juez Ligia del Carmen Hernández quien, en medio de un proceso judicial, aceptó que con sus decisiones favoreció al empresario por recibir dádivas superiores a los $50 millones.

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