Fredy Alberto Ramírez ejercía como registrador municipal en la población de Silos, Norte de Santander, y era buscado por las autoridades luego de que se descubriera que habría emitido documentos de identificación para una “red criminal que estaría vinculada a la venta de niños y al tráfico de migrantes”.

Así lo confirmó la Fiscalía General, por medio de un comunicado, y dijo que la investigación arrojó que este funcionario presuntamente fue el que expidió de manera irregular un registro civil de nacimiento a un niño venezolano.

“En el documento habría señalado que el menor de edad era nacido en Colombia, hijo de madre ecuatoriana y padre colombiano”, explicó el ente investigador, y dijo que estas dos personas al parecer son integrantes de una red que se dedica “a la compra de niños” en zona fronteriza.

Otro detalle que entregó la Fiscalía, y que es una de las pruebas en contra del procesado, es que los hechos ocurrieron entre enero y febrero de 2020, y que con ese registro civil alterado “el niño salió del país y fue llevado a Ecuador. Desde entonces, se desconoce su paradero”.

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En cuanto a la pareja que se llevó al menor, el ente acusador dijo que fue capturada y judicializada en mayo de 2021 por varios casos similares, y que en ese operativo también cayó otra persona de nacionalidad venezolana.

El fiscal delegado contra la Criminalidad, Javier García Trochez, aseguró que el registrador Ramírez fue capturado en una vivienda en El Zulia, Norte de Santander, y que también deberá responder por la expedición de documentos de identidad a dos ciudadanos de República Dominicana, “a quienes ceduló como colombianos”.

García dijo que estas personas se habrían desplazado hasta el Eje Cafetero para tramitar sus pasaportes, y que fue gracias a la alerta oportuna de la Fiscalía que la Cancillería no se los entregó y los expulsó del país, el 26 de abril de 2020.

Con estos antecedentes de por medio, al registrador lo acusaron por delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de niños y migrantes, falsedad en documento público y cohecho propio, los cuales no aceptó. Aun así, un juez ordenó recluirlo en una prisión.

Un caso similar de trata de niños se presentó en Cúcuta, en mayo pasado, y las autoridades desmantelaron una red que les compraba bebés a mujeres extranjeras embarazadas.