La Fiscalía General de la Nación avanza en una segunda fase investigativa contra una organización delincuencial que se habría apropiado de la contratación pública en varios departamentos del país, cuyo articulador sería el senador Mario Alberto Castaño Pérez.
En esta oportunidad fueron presentados ante un juez de control de garantías el gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial ‘Proyecta Quindío’, Pablo César Herrera Correa; y el representante legal de la Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cafetero, James Peña Garzón, quienes estarían involucrados en distintas maniobras irregulares de contratación.
(Vea también: CTI incautó 31 bienes del senador Mario Castaño, avaluados en $5.000 millones)
El material de prueba da cuenta de que Herrera Correa suscribió dos contratos interadministrativos con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), en agosto y noviembre de 2021, por valor de $ 22.173 millones y $ 49.460 millones, respectivamente.
Los convenios contemplaron la construcción de carreteras y la adecuación de vías terciarias en cerca de 20 municipios de Quindío, Risaralda, Chocó y Caldas.
En la investigación se estableció que, para ejecutar las obras, esta persona celebró 10 contratos con empresas que habría referenciado el congresista señalado de pertenecer a la red de corrupción. Al parecer, el senador recibió a cambio entre 10 y 15 % del valor total de cada contrato.
Respecto a Peña Correa se estableció que, inicialmente, acudió ante 2 ministerios y obtuvo recursos para proyectos turísticos y culturales. Las evidencias indican que, presuntamente, se apropió de $ 1.228 millones y entregó $ 300 millones a una supuesta enviada del congresista que habría intercedido para lograr el desembolso de los rubros solicitados.
Luego, a finales de 2021, este hombre, al parecer, dio $ 20 millones en efectivo a la misma intermediaria del senador con el propósito de que gestionara dineros para programas turísticos en una población de Caldas. Aquí se pactó 20 % de la suma que le fuera asignada al municipio.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Pablo César Herrera los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos; mientras que a James Peña Garzón les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de libertad en centro carcelario.
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