Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este artículo fue curado por pulzo   Ago 14, 2025 - 5:10 pm
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En una acción conjunta llevada a cabo en Soacha, Cundinamarca, las autoridades capturaron a seis supuestos integrantes de la organización criminal conocida como "Los Cetre", reconocidos por su implicación en la distribución de sustancias ilícitas y, de forma más alarmante, por el uso de menores de edad en actividades de microtráfico en entornos escolares y parques. Este operativo, resultado de un trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y otras fuerzas especializadas como SIJÍN y GOES, constituye un importante avance en la lucha contra el narcotráfico local y sus ramificaciones más dañinas para la niñez y juventud de la zona. De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Justicia de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, la acción se centró en las comunas 2 y 6, áreas con alta densidad poblacional y marcada presencia juvenil.

Los Cetre, según el reporte operativo policial y medios nacionales, mantenían un control casi absoluto sobre la venta minorista de drogas en estos sectores de Soacha. Su influencia perforaba el tejido social, particularmente corrompiendo espacios destinados a la formación y recreación infantil, como lo advierten expertos consultados por el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Las ganancias ilícitas obtenidas por el grupo contribuían además a debilitar la cohesión comunitaria y a perpetuar una sensación de inseguridad en estos barrios vulnerables, enmarcando así el microtráfico como un fenómeno de múltiples dimensiones, tanto criminales como sociales.

Uno de los capturados, identificado como alias “León”, ocupaba el lugar de cabecilla y acumulaba antecedentes por porte ilegal de armas, hurto, violencia intrafamiliar y tráfico de drogas, evidencia de la reiteración delictiva y de su rol articulador dentro de la estructura. Fuentes de la Fiscalía sostienen que desmantelar la jerarquía criminal es fundamental; no obstante, informes recientes advierten que la caída de un líder puede abrir espacios para conflictos internos o el surgimiento de nuevos grupos, subrayando la importancia de políticas preventivas y sociales de largo plazo para impedir la reconfiguración criminal.

En cuanto al modus operandi, la instrumentalización de menores destaca como una de las facetas más inquietantes del accionar de Los Cetre. Diversos organismos, incluidas la Defensoría del Pueblo y UNICEF Colombia, han documentado este patrón y advierten sobre los graves daños psicológicos y la hipervulnerabilidad social a la que se ven expuestos niños y adolescentes reclutados como repartidores de droga, agravándose así los riesgos de criminalización temprana y deserción escolar.

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El operativo, que incluyó cuatro allanamientos simultáneos, permitió la incautación de más de seiscientos gramos de marihuana, vehículos utilizados en las actividades ilegales, teléfonos celulares y una suma considerable de dinero en efectivo, lo que consolidó pruebas materiales clave sobre la estructura y funcionamiento logístico de la banda. Datos judiciales y policiales, corroborados por la Policía Nacional, subrayan la importancia de esta evidencia tanto para los procesos de judicialización como para el análisis del fenómeno microcriminal en municipios periféricos a las grandes urbes.

Un análisis elaborado por la Universidad Nacional de Colombia y citado por el Centro Latinoamericano de Investigación en Seguridad y Democracia (CLASED) enfatiza el papel de factores estructurales, como la falta de oportunidades educativas, laborales y la débil presencia institucional, en la consolidación de bandas similares en municipios como Soacha. Estas condiciones facilitan que grupos delictivos recluten jóvenes, perpetuando el ciclo de violencia, desigualdad y criminalidad organizada. Expertos en seguridad también insisten en que las respuestas punitivas deben complementarse con programas sociales y educativos para atacar las causas estructurales del microtráfico.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación ha recalcado la necesidad de robustecer las capacidades investigativas y judiciales, de tal forma que la judicialización sea efectiva y logre desincentivar la reincidencia delictiva. Así, el caso de Los Cetre pone en evidencia los desafíos de una problemática compleja que afecta la seguridad y el futuro de la niñez en zonas urbanas periféricas, exigiendo acciones multidimensionales donde seguridad, justicia y desarrollo social marchen de la mano para erradicar el microtráfico juvenil.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué significa la “instrumentalización de menores” en el contexto del microtráfico?

El término “instrumentalización de menores” hace referencia al uso deliberado de niños y adolescentes para llevar a cabo tareas ilegales, en este caso, la distribución de sustancias ilícitas. En el contexto del microtráfico, esta práctica implica que menores son reclutados, a menudo bajo amenaza o coerción, para entregar drogas en entornos cercanos a escuelas y parques, complicando su proceso de desarrollo y exponiéndolos a riesgos físicos, psicológicos y legales.

Este fenómeno, ampliamente documentado por la Defensoría del Pueblo y UNICEF Colombia, agrava los problemas sociales en las comunidades vulnerables, ya que normaliza la participación juvenil en actividades criminales, afecta su educación y multiplica las causas estructurales de exclusión y desigualdad social.

¿Por qué es tan difícil erradicar las redes de microtráfico en zonas periféricas como Soacha?

La dificultad para erradicar estas redes radica en la conjunción de factores sociales, económicos e institucionales. La falta de oportunidades reales para jóvenes, la precariedad laboral y la limitada presencia de instituciones estatales robustas crean un entorno favorable para que el crimen organizado prospere y recupere rápidamente sus estructuras, aún tras golpes policiales significativos.

Según estudios citados (Universidad Nacional de Colombia, CLASED), las operativos policiales, aunque necesarios, resultan insuficientes si no se acompañan de políticas públicas dirigidas a fortalecer el desarrollo social y prevenir la captación de nuevos miembros por parte de las bandas criminales, siendo esencial la articulación integral para cortar el ciclo de violencia y exclusión.

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